La Libertad Avanza llegó a un consenso con los bloques cercanos mientras la oposición más dura pide la prórroga por un año a la Ley de Emergencia, que vence el próximo 31 de diciembre. Advierten por la violación a la Convención de los Derechos de personas discapacitadas. Este miércoles hay plenario de comisiones desde las 12.

22 de septiembre 2026, 20:47hs

Tras la renuncia del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y la designacion de Pablo Di Liscia, este miércoles la Cámara de Diputados será escenario de un debate entre el oficialismo y la oposición. Los opositores buscan firman un dictamen propio para extender hasta el 31 de diciembre del año próximo la declaración de emergencia en el sector, mientras La Libertad Avanza consiguió con los bloques aliados un acuerdo sobre “medidas superadoras” ya que, para ellos, “la emergencia terminó”. El proyecto oficial se denomina “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”.

Este miércoles a las 12 habrá reunión de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente. Allí se prevé que se dictaminarán ambos proyectos, en un contexto que busca normalizar las deudas con los prestadores, acumuladas durante este 2026, luego de una solicitud que los aliados del Pro y de la UCR le hicieron al jefe de los Diputados, Martín Menem. La prórroga de la ley que declaró la Emergencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

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Polémica con el Presupuesto 2027

El plenario de comisiones llega tras la polémica de la semana pasada, cuando se supo en el proyecto de ley de Presupuesto 2027 de la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Eso generó una fuerte discusión en las filas libertarias, que incluyeron cuestionamientos por parte de la senadora Patricia Bullrich (LLA) y reuniones acaloradas entre los diputados que conduce Gabriel Bornoroni.

La medida, plasmada en el proyecto, deja de lado el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones de los profesionales que atienden a personas con discapacidad. Ejes que el Poder Ejecutivo decidió discutirlos en la Mesa Política de la Casa Rosada, que lidera la secretaria de la presidencia, Karina Milei.

El proyecto de Presupuesto deroga varios el artículo 8° de la Emergencia en Discapacidad, que establece que “las personas con discapacidad titulares de la pensión no contributiva por discapacidad para protección social tienen derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas”.

Además, dispone la derogación del artículo 9 de la ley de 1948 que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez. Esa norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin recursos suficientes, no amparada por un régimen previsional y mayor de 70 años o imposibilitada para trabajar.

La propuesta original, que ahora sería reemplazada en su totalidad, plantea la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. De esa manera, dejaría sin efecto un valor uniforme y obligatorio para todo el país, aplicable al Estado nacional, las obras sociales, las prepagas y el PAMI.

La propuesta que ahora discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual. “Buscamos un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes. Nos interesa discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país, y creemos que este Congreso tiene un tiempo suficiente largo como para tratar luego el presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”, dijo la diputada libertaria Silvana Giudici, en el último plenario de hace siete días.

Las claves de la propuesta oficial

La iniciativa que trabaja el oficialismo como dictamen a presentar este miércoles busca instalar un cambio de paradigma. “El cambio de paradigma institucional y la superioridad de la ley permanente sobre el régimen de emergencia”, señalaron desde LLA a TN.

Desde el oficialismo destacan que su dictamen consolida de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.

El proyecto busca una diagonal a diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia. “Nosotros proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales, y en consecuencia proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad de manera permanente”, destacan desde la conducción libertaria.

Dentro del articulado de la norma aseguran que reafirman los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sosteniendo el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización. Los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. También podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Ratifican la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización. Y se establece que el sistema sea sostenible, con partidas presupuestarias específicas y suficientes.

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Aseguran de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago. Además, disponen la obligación del Poder Ejecutivo de articular con las diferentes jurisdicciones el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la materia. Según el oficialismo, una ley permanente permitiría una planificación de largo plazo y establecer mecanismos estables de financiamiento, control y actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad.

En materia de pensiones no contributivas, el Gobierno insiste en avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento. La idea es que el Certificado Único de Discapacidad no implique automáticamente el acceso al beneficio y que también se evalúen el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.

Advertencia por la Convención de Derechos

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIG), en un primer análisis del proyecto de ley de Presupuesto 2027, advirtieron sobre la violación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. “La cobertura de estas prestaciones se transformaría en un factor de desigualdad, dado que quienes tuvieran una cobertura financiada por el ente que fijara un arancel más bajo con sus prestadores se podrían encontrar con una menor oferta de servicios y/o con servicios de menor calidad”, plantearon. Y agregaron: “Esta propuesta viola de modo manifiesto el principio de no regresividad y múltiples derechos reconocidos en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, tales como el derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado y a la vida independiente”.

También, la Ley de Emergencia en Discapacidad creó una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (PNCDPS), que este proyecto elimina. Si bien se mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL), los requisitos para acceder a ella son más restrictivos que los de la PNCDPS y desconocen abiertamente las obligaciones que asumió Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El rol de las provincias

Los diputados con terminales en los gobernadores y fuerzas provinciales tuvieron un rol determinante a la hora de definir con sus firmas los dictámenes de mayoría que impulsan La Libertad Avanza, por su lado, y Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, por el otro.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, titular de la bancada Argentina Federal que responde a los gobernadores de Salta y de Misiones, pidió que el proyecto de Presupuesto 2027 establezca partidas específicas para el área de discapacidad. Agregó en sus propuestas el blindaje para el sector de las personas con discapacidad.

Para tal fin establece que no habrá bajas de las pensiones por discapacidad si el titular de la pensión logra insertarse en el mercado laboral. Y dependiendo del monto de sus ingresos, el tenedor de una pensión por discapacidad podrá suspender la misma, retomándola cuando cese su tarea en el mercado laboral. De ninguna manera tendrá que renunciar a la misma, o el Estado podrá darla de baja.

El desafío de La Libertad Avanza será que los acuerdos alcanzados en el plenario de las comisiones formen parte del proyecto de ley de Presupuesto 2027, que Diputados comenzará a debatir a partir del próximo mes de octubre.