“Estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias”. El Gobierno ya ha aprobado las primeras medidas para afrontar la crisis en Ceuta, 25 días después de la entrada masiva de 70.000 migrantes desde Marruecos. El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta los anteproyectos para reformar la ley de asilo y, parcialmente, la ley de extranjería.
El objetivo de ambas iniciativas, ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor desde este mes de junio y se traduce en un reglamento que homogeneiza las normas migratorias en la UE. El Gobierno defiende que la reforma se ha diseñado con un “enfoque garantista” de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder “mejor” a la realidad del “fenómeno migratorio”.
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El titular de Interior ha explicado que la norma actualiza las definiciones de protección internacional e incorpora de forma expresa “realidades relevantes” como motivo de asilo, entre ellas la persecución por el género y la discapacidad.
Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, el ministro socialista ha detallado que la futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses. También incorpora un nuevo procedimiento fronterizo de retorno, previsto en el reglamento de la UE y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. La medida, ha añadido Marlaska, facilita el retorno de los migrantes si su expediente es rechazado.
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Por su parte, la reforma de la ley de extranjería modifica materias que afectan a derechos fundamentales e incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de las personas migrantes que entran en España sin haber sido sometidas a los controles fronterizos.
Un proceso que, según detalló el ministro, se basa en un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación de la persona, la recopilación de datos biométricos, una inspección de seguridad y la asignación al procedimiento correspondiente en cada caso. Aunque la normativa europea establece un plazo máximo de siete días para el triaje —un proceso obligatorio para los Estados miembros—, en España se mantendrá el límite de 72 horas, que solo podrá ampliarse mediante decisión judicial, con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo que la persona extranjera deba permanecer en las dependencias policiales destinadas a este fin.
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Ángel Víctor Torres asumirá el mando único
El Gobierno ha aprobado también el Real Decreto para constituir un mando único en Ceuta, con el objetivo de acelerar la toma de decisiones y la movilización de recursos privados y públicos. Así lo ha afirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien asumirá la dirección del comité.
La decisión llega horas después de celebrarse el Consejo de Seguridad Nacional extraordinario convocado por el presidente del Gobierno, en el que se ha declarado a la ciudad autónoma como zona de “interés de seguridad nacional”.
Torres ha fijado como prioridad la “devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores”, llegadas de forma irregular a la ciudad, respetando el ordenamiento jurídico. Según datos de Interior, todavía permanecen 2.500 menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma y el ministro ha defendido también la necesidad de trabajar en la respuesta humanitaria para acogerlos.
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En esta línea, Torres ha anunciado un real decreto que se publicará este miércoles en el que se habilitan distintos recursos y espacios, tanto de titularidad del Gobierno como de Ceuta, para acoger a los migrantes, un catálogo que será “flexible y actualizable” para que pueda recuperarse la normalidad que se vivía en la ciudad a principios de julio.
También se ha probado la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, cantidad que había anunciado ya el Ministerio de Infancia y Juventud.
Noticia con información de EFE