El Gobierno ha aprobado este martes el 'mando único' en Ceuta por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La decisión llega después de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por el presidente Pedro Sánchez donde se ha abordado la 'situación de interés para la seguridad nacional' en Ceuta tras la entrada masiva a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que por primera vez el Gobierno va a constituir una "autoridad funcional" -conocida como 'mando único'- liderada por el ministro Ángel Víctor Torres para "reforzar la coordinación" en todas las autoridades y administraciones implicadas. Se trata, según Saiz, de una "nueva fase" en Ceuta para responder a la crisis.
Además, el mando único contará con un comité especializado en el que estarán representados la ciudad autónoma con su presidente, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además del departamento de Seguridad Nacional y once ministerios implicados en la gestión de la crisis migratoria.
En este contexto, Saiz ha indicado que "Ceuta es hoy el corazón de España" y que el Gobierno español "ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta".
La ministra ha afirmado que la situación de la ciudad autónoma es "extraordinaria" por lo que requiere también de "una respuesta extraordinaria" que ha ido desplegándose "en distintas fases, desde la seguridad y el control de la situación, la coordinación, la colaboración entre Administraciones hasta la atención humanitaria".
"Devolución y repatriación"
Por su parte, Torres ha argumentado en la primera fase de respuesta a la crisis volvieron entre "24 y 48 horas" a Marruecos el 90-95% de las más de 70.000 personas migrantes que entraron el 30 y 31 de julio a Ceuta.
A su juicio, fue una "actuación acertada que dio resultado", pero ahora el Gobierno inicia una segunda fase para todos aquellos que no volvieron a su país de origen. Para el ministro, la prioridad está en la "devolución y repatriación de la mayor cantidad de personas", tanto mayores como menores de edad, pero siempre respetando el ordenamiento jurídico y los derechos.
Así, ha afirmado además que ha pedido comparecer el jueves en la Comisión de Seguridad Nacional y se desplazará a Ceuta para mantener reuniones de trabajo.
Nueva ley de asilo y reforma de la ley de Extranjería
El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes 25 de agosto una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería, según ha anunciado Saiz.
"Se ha dado luz verde a dos anteproyectos liderados por el Ministerio del Interior, en el que llevamos tiempo trabajando, que suponen la elaboración de una ley de asilo y la reforma de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social", ha asegurado Saiz en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el objeto común de ambos textos es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio.
En cuanto a la nueva ley de asilo y la reforma de la ley de Extranjería, Marlaska ha explicado que se trata de anteproyectos elaborados con un enfoque "garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes". "El mismo enfoque que nos llevó, como bien saben, a rechazar el Reglamento de Retorno a Terceros Países. Pero también es una perspectiva que conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país", ha apuntado.
De la misma manera, sobre la ley de asilo, ha expuesto que el objetivo del Ejecutivo es contar "con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias".
En primer lugar, el ministro ha detallado que la norma actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, incorpora realidades como la persecución relacionada "con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad". "Mejora el abordaje de situaciones concretas de vulnerabilidad", ha añadido.
Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, ha indicado que la futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen, un procedimiento de examen y aceleración de los expedientes de solicitud de protección internacional y el procedimiento, que ha de estar resuelto en tres meses.
Además, fija un nuevo procedimiento de frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante los cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.
También ha insistido en que el nuevo procedimiento no significa la no tramitación de ningún expediente de protección internacional, sino "todo lo contrario": unos "tiempos más breves" y "sin menoscabo alguno de los derechos y libertades fundamentales".
Respecto a la ley de extranjería, incorpora la figura del triaje, el proceso de recogida de información de los extranjeras que cruzan las fronteras españolas sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada. "El control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos", ha argumentado.