El Consejo de Ministros de este martes, el primero tras el parón estival, ha aprobado dos anteproyectos para adecuar la legislación nacional al pacto europeo de migración y asilo, que entró en vigor en junio pero que todavía no estaba en marcha en España: la ley de asilo y una reforma de la ley de extranjería. El siguiente paso del Gobierno es trasladar el texto a los ministerios con competencia en la materia para incorporar sus aportaciones y se pedirán los informes preceptivos al Consejo General del Poder Judicial y organismos como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
El pacto europeo se ha traducido en diez textos legislativos, la Directiva 2024/1346 que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y que debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales, y otros nueve instrumentos legislativos que son reglamentos de aplicación directa. El Gobierno ha explicado que hay disposiciones que tienen que concretarse a nivel nacional por las “enormes diferencias en las realidades migratorias y de asilo” de los Estados Miembros de la UE.
Según ha expuesto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el primer anteproyecto articula una nueva ley de asilo que actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. La futura ley distingue, dentro de la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses.
Además, se fija un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento de la UE y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante los cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. Esta medida, ha añadido Marlaska, es una cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y “facilita su retorno” en caso de denegación de la petición de protección internacional.
Triaje obligatorio en 72 horas
Respecto a la ley de extranjería, la reforma incorpora la figura del triaje, el proceso de recogida de información de las personas extranjeras que cruzan las fronteras sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada. Este control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.
El triaje es obligatorio para los Estados miembros y, aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirán siendo 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que esta persona deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para el triaje, según la explicación de Marlaska.
Sobre el procedimiento fronterizo de retorno, la reforma incorpora los preceptos del Pacto Europeo sobre Migración que “impiden la entrada” en territorio nacional de aquellas de aquellas personas que llegan de manera irregular a las fronteras y no tienen derecho a protección internacional, procedimiento que “tiene un plazo máximo de tramitación de 12 semanas”. Los solicitantes de protección internacional que vean rechazada su posición recibirán una notificación junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país.
Marlaska ha defendido que ambos anteproyectos han sido elaborados “con un enfoque evidentemente garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes”, un enfoque que ya llevó a España “a rechazar el reglamento de retorno a terceros países”. “Acometer la elaboración de una ley de asilo de nuevo cuño nos va a permitir incorporar de forma integral todos los preceptos de los reglamentos europeos relacionados con las personas solicitantes y beneficiarias de la protección internacional. También nos va a permitir adaptar el marco normativo español al sistema europeo común de asilo y dotar de mayor claridad y seguridad jurídica a una materia hasta ahora dispersa en distintos reglamentos de la Unión Europea”, ha argumentado.