En Perú, los fideicomisos todavía se asocian con grandes corporaciones y desarrollos inmobiliarios, aunque también pueden utilizarse para respaldar créditos, ordenar flujos de dinero, proteger activos y fijar condiciones para el uso de recursos en operaciones de menor escala.
El mercado fiduciario peruano se ha extendido hacia nuevos segmentos empresariales, según TMF Group. La expansión responde a un mayor conocimiento de estas estructuras y a la búsqueda de mecanismos que otorguen independencia, trazabilidad y reglas claras para la gestión de bienes o recursos.
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Para Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, la decisión no debe depender únicamente de la dimensión de una compañía. “El tamaño de una empresa no debería ser el primer criterio para determinar si necesita o no un fideicomiso”, afirmó.
El especialista sostuvo que la evaluación debe centrarse en la operación concreta, sus riesgos, los participantes y la conveniencia de que determinados activos sean administrados bajo condiciones previamente acordadas. En ese sentido, los fideicomisos pueden adaptarse a distintos montos, tipos de financiamiento y clases de bienes.
Uno de los mitos más extendidos indica que estas figuras se usan solo cuando una empresa acumula deudas o atraviesa dificultades financieras. Los fideicomisos de garantía, en efecto, son una de las modalidades más conocidas y permiten respaldar obligaciones frente a acreedores.
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TMF Group señaló que esa modalidad tuvo demanda vinculada al refinanciamiento de pasivos. Sin embargo, el fideicomiso puede cumplir otras funciones: administrar los fondos de un proyecto, canalizar ingresos determinados, respaldar obligaciones futuras o establecer requisitos para liberar recursos.
La estructura permite separar un conjunto de activos o derechos para cumplir un propósito específico. Así, las partes pueden definir desde el inicio bajo qué condiciones se realizan pagos, desembolsos o transferencias.
La percepción sobre los costos de constitución y administración representa otra barrera para su uso. Arosemena planteó que el análisis no debería limitarse al gasto directo que supone implementar la estructura, sino incluir el costo potencial de los problemas que se buscan prevenir.
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“También debemos preguntarnos cuánto podría costar un incumplimiento, una controversia entre las partes o una garantía difícil de ejecutar”, explicó. A ello sumó el riesgo de que recursos destinados a un proyecto se utilicen para una finalidad distinta.
La utilidad económica de un fideicomiso depende, por tanto, de las características de cada operación. Su uso puede justificarse cuando las partes necesitan establecer controles sobre activos, pagos o ingresos que estarán sujetos a condiciones específicas.
Otro prejuicio es que el fideicomiso beneficia exclusivamente a bancos o acreedores. Estas estructuras constituyen un patrimonio autónomo y establecen un objetivo definido, con reglas para administrar y liberar los recursos.
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Ese diseño puede aportar certidumbre a los participantes. El acreedor conoce los términos de la garantía; quien entrega fondos puede identificar el destino previsto de esos recursos; y los beneficiarios saben qué requisitos deben cumplirse para recibir desembolsos o transferencias.
“El fideicomiso no tiene que ser la solución para todas las operaciones”, señaló Arosemena. La herramienta debe evaluarse según la necesidad puntual de cada empresa y las condiciones del acuerdo.
Colocar bienes o derechos en un fideicomiso tampoco significa perder el control de manera absoluta. La administración queda sujeta al propósito que las partes establecieron y a las condiciones incluidas en el contrato.
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En los últimos años, la agroindustria, la obra pública y el sector inmobiliario impulsaron la demanda de soluciones fiduciarias en el país. El desafío, según el ejecutivo, pasa por ampliar la información disponible para que empresas y personas determinen cuándo esta herramienta puede ayudar a administrar riesgos y recursos.