El consumo de carne de perro en Corea del Sur, tradicionalmente considerada por las generaciones más longevas como un tónico para combatir el letargo del verano, ha experimentado un declive irreversible debido al cambio de mentalidad de los jóvenes surcoreanos, quienes ven a los perros como miembros de la familia y no como ganado. La ley que prohíbe su consumo, aprobada a principios de 2024, establece un periodo de gracia que culminará en febrero de 2027, momento a partir del cual las violaciones de la norma se castigarán con hasta tres años de prisión.

Sin embargo, la implementación de la ley está revelando una realidad sumamente opaca y preocupante. Desde Animaleros, ya nos hicimos eco de la profunda preocupación de las entidades de protección animal tras el anuncio de la prohibición, advirtiendo sobre las polémicas y controvertidas propuestas que empezaban a surgir ante la previsible masificación de estos animales procedentes del sector cárnico. Entre estas iniciativas, destacó la propuesta de destinar los cadáveres de los perros eutanasiados en las protectoras saturadas para la investigación científica, una medida que encendió las alarmas de los activistas por su falta de ética.

A medida que el plazo definitivo se aproxima, el desmantelamiento de la industria se está ejecutando a una velocidad que ha tomado por sorpresa a los propios reguladores. Los datos oficiales reflejan un descenso drástico en el número de animales censados en las explotaciones, pero la alarmante discrepancia entre las cifras iniciales y las tasas de rescate está revelando que hay una enorme laguna sobre el paradero real de cientos de miles de perros.

La paradoja de las cifras

El descenso del volumen de perros que estaban destinados a consumo en las granjas surcoreanas ha sido calificado de inverosímil por las organizaciones de defensa animal. Mientras que las inspecciones gubernamentales contabilizaban entre 400.000 y 450.000 perros destinados al sector cárnico en 2024, el Ministerio de Agricultura estima que en la actualidad apenas quedan unos 20.000 ejemplares en las instalaciones. El principal incentivo para este cierre acelerado ha sido un programa estatal que ofrece a los criadores hasta 600.000 wones (aproximadamente 340 euros) por cada animal que cedan para facilitar la reconversión de sus negocios.

La raíz del problema radica en la absoluta falta de fiscalización tras la compensación. Los propios inspectores del ministerio admiten bajo anonimato que su función se limita exclusivamente a verificar que las jaulas estén vacías antes de emitir los pagos, desentendiéndose por completo del destino de los animales. Los registros parlamentarios obtenidos revelan un panorama desolador:

Ante estas cifras, tanto los activistas de derechos animales como los antiguos criadores coinciden en que la inmensa mayoría de los animales que faltan en el cómputo oficial han debido ser sacrificados de forma clandestina y comercializados en el mercado negro antes de la entrada en vigor de las sanciones penales.

El estigma de las razas grandes y la falta de recursos

La reubicación de los perros supervivientes se enfrenta, además, a barreras culturales y logísticas muy difíciles de superar dentro del mercado de adopción. Los perros criados para el consumo pertenecen mayoritariamente a la raza nureongi (spitz amarillo coreano), animales de tamaño mediano a grande que chocan frontalmente con las preferencias de la sociedad urbana de Corea del Sur, que demanda de forma casi exclusiva perros de razas pequeñas aptos para la vida en pisos.

Asociaciones locales como la ONG surcoreana de defensa animal CARE señalan que, en más de dos décadas de actividad, solo han logrado dar en adopción dentro del país a una veintena de estos perros, viéndose obligados a canalizar casi todos sus rescates hacia procesos de adopción internacional en el extranjero. Las protectoras locales carecen del espacio, la financiación y el personal necesarios para absorber la oleada de animales que se pretendía salvar con la nueva legislación, lo que ha dejado el peso de la supervivencia animal en manos de iniciativas privadas desbordadas.

El fin del vacío legal y las secuelas del maltrato

A pesar de la tragedia que rodea la desaparición de miles de ejemplares, los juristas y defensores de los animales subrayan que la ley terminará con un vacío legal histórico. Al no haber estado nunca clasificados formalmente como ganado (a diferencia de los cerdos o las vacas), los perros carecieron durante décadas de cualquier normativa que regulase su crianza, transporte y sacrificio bajo parámetros mínimos de bienestar animal. Esta exclusión propició que métodos basados en la electrocución, el apaleamiento y el ahorcamiento se hayan estado empleando de manera sistemática y sin penalización alguna.

En instalaciones recientemente abandonadas en localidades como Pyeongtaek, al sur de Seúl, los investigadores independientes continúan localizando restos óseos junto a herramientas de electrocución rudimentarias. Algunas campañas de rescate han conseguido evacuar a los últimos 29 animales rezagados de dicha instalación, interponiendo denuncias formales por maltrato y crueldad animal contra los propietarios, tal como recogen medios internacionales. La persecución penal de estas acciones representa el último bastión de una transición legislativa que, si bien erradicará el comercio de carne a futuro, no ha podido evitar un coste directo muy alto para la generación de perros que debía proteger.