La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, anunció el domingo 23 de agosto una revisión integral de la contratación por prestación de servicios en la entidad tras las sospechas sobre su expansión en el último cuatrienio, durante la administración del hoy expresidente Gustavo Petro, en lo que serían contratos para cumplir compromisos burocráticos.
A través de sus redes sociales, Restrepo Cañavera señaló que “el país tiene derecho a saber qué pasó con el Icbf” y aseguró que estas investigaciones buscarán establecer quién contrató, a quién se contrató, cuánto se pagó, para qué y qué se entregó a cambio por cada uno de los vínculos suscritos por el instituto durante el anterior periodo presidencial; lo que ha desatado fuertes comentarios.
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Y es que, de acuerdo con las cifras que maneja la funcionaria, durante el Gobierno anterior, la vinculación por prestación de servicios del Estado pasó de 221.201 a 418.805 contratos entre agosto de 2022 y junio de 2025, frente al período anterior, mientras su valor subió de $8 billones a $15 billones; lo que generó una sospecha sobre la destinación de esos recursos y el impacto en las finanzas.
Con este panorama general, el aumento de contratos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el aumento fue considerable. Al término del gobierno de Iván Duque Márquez, en agosto de 2022, la entidad registraba 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; pero para 2024 llegó a tener 9.795 contratistas bajo esa modalidad; es decir, un aumento del 52,40%.
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En ese orden de ideas, Restrepo sostuvo que esas cifras “exigen respuestas” y afirmó que la revisión ya está en marcha. De esta manera, advirtió a la opinión pública que el examen se hará “contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto”, con foco en necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados; con el fin de determinar qué pasó con los recursos del Estado.
En su mensaje, Restrepo formuló preguntas que definen el alcance de la auditoría interna. “¿Para qué creció así la contratación? ¿Cuántos de esos contratos eran realmente necesarios? ¿Qué trabajo se hizo? ¿Qué resultados se entregaron? Y, sobre todo, ¿qué recibió el instituto a cambio?”, indicó la funcionaria, que también buscará diferencias entre los que cumplen funciones efectivas y los que no.
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En ese punto afirmó que “quienes trabajan, cumplen y le aportan al Icbf pueden estar tranquilos. Seguirán prestando sus servicios. Quienes no, no”. Es decir que advirtió sobre una especie de ‘barrida’ al interior del instituto; no sin antes precisar que se volverá a abrir espacio a fundaciones y organizaciones que, según su versión, fueron apartadas en la administración pasada por Petro.
A esas entidades y colectivos los describió como entidades “serias, organizadas, con experiencia, trayectoria y verdadera vocación de servicio” que durante años trabajaron con la niñez y las familias de Colombia. Con ello, indicó que el manejo futuro de la entidad está guiado por una selección por desempeño y no por padrinazgo, pues en su concepto quiere a “los mejores trabajando con el Icbf”.
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“No importa de dónde vengan, a quién conozcan o quién los haya recomendado. Aquí importarán la capacidad, el trabajo y los resultados”, señaló Restrepo Cañavera en su intervención; en medio de la polémica que han causado sus primeros anuncios al frente de la entidad, como la modificación de su lenguaje institucional, reemplazando el uso explícito de la palabra “niñas” por términos generales.
En su defensa, relacionó la revisión contractual con la reacción de sectores que, según dijo, la han cuestionado. “Tal vez ahora se entienda mejor la virulencia de algunos ataques”, Restrepo, que buscó plantear una discusión de fondo sobre la actualidad del Icbf, pues “mientras algunos se presentan en redes como defensores de la niñez, nosotros estamos empezando a tocar contratos e intereses”.
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Incluso fue más allá en sus aseveraciones. “El país tiene derecho a saber si detrás de ciertos discursos estaba realmente la defensa de los niños o la defensa de otros intereses”, declaró la funcionaria, que precisó que el resultado de esa revisión será público. “Colombia sabrá lo que encontremos” y que se conocerán los alcances y montos destinados para cada tarea encomendada.
La abogada señaló que la revisión no se limitará a un diagnóstico administrativo, e informó que “cuando encontremos hechos que puedan constituir irregularidades, serán documentados y puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y, ”cuando corresponda", la Fiscalía General de la Nación; los tres entes de control estatal.
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Con esto adelantó que habrá consecuencias en los hallazgos que surjan del examen de contratos. “Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada”, dijo Restrepo Cañavera. “Estamos aquí para velar por el bienestar de la niñez, los adolescentes y sus familias. No por el bienestar de políticos, contratistas ni intereses particulares”, sostuvo la funcionaria, que tiene claro que “El Icbf no es el cajero de nadie”.