La Lengua de Señas Costarricense (LESCO) podría alcanzar uno de los mayores reconocimientos en su historia si prospera un proyecto de reforma constitucional presentado por integrantes de la Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor y el Grupo de Mujeres Parlamentarias.
La iniciativa propone modificar el artículo 76 de la Constitución Política para declarar el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica, además de establecer el deber del Estado de protegerlo, preservarlo, promover su enseñanza y garantizar su desarrollo como parte de la identidad cultural y lingüística de la comunidad sorda.
El proyecto surge con el respaldo de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), intérpretes, educadores y diversas organizaciones que durante años han impulsado el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de esta población.
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Durante la presentación de la propuesta, la diputada oficialista, Anna Katharina Müller, destacó que el reconocimiento trasciende el ámbito legal y representa un paso hacia una sociedad más inclusiva.
“Es un tema de sensibilidad, de querer comprender a las demás personas y de saber que siempre le hemos enseñado a los niños que todos somos iguales. Y eso no es cierto. Todos somos diferentes y por eso estamos todos aquí juntos, porque nos necesitamos todos”, expresó.
Por su parte, la diputada María Eugenia Román aseguró que existe un compromiso entre distintas fracciones legislativas para impulsar rápidamente la iniciativa.
“Hay un compromiso de las distintas fracciones parlamentarias de avanzar pronto con una iniciativa tan importante y hacer realidad la inclusión plena de las personas sordas en nuestra sociedad”, afirmó.
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En la misma línea, otros legisladores señalaron que el reconocimiento constitucional contribuiría a eliminar las barreras físicas, sociales y de comunicación que históricamente han limitado la participación plena de las personas sordas.
“Como sociedad costarricense debemos ir derribando las barreras físicas, las barreras sociales y las barreras de comunicación que han hecho que ustedes no se integren a la sociedad de una forma plena”, manifestó la diputada liberacionista Karol Matamoros.
Desde la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica enfatizaron que el reconocimiento del LESCO en la Constitución representaría mucho más que un cambio de redacción.
“No queremos mantener esas barreras y poder romperlas. Es muy importante que la LESCO tenga este reconocimiento dentro de la Constitución Política. Significa un compromiso del Estado y de la sociedad para eliminar todas estas barreras”, señalaron representantes de la organización.
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De aprobarse la reforma, el Estado asumiría el compromiso constitucional de fortalecer la enseñanza del LESCO y desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas sordas.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá seguir un procedimiento especial. En una primera etapa será asignado a una comisión legislativa, donde iniciará su análisis y discusión. Posteriormente deberá superar las votaciones requeridas en el plenario legislativo para continuar su trámite hasta una eventual aprobación definitiva.
Los impulsores de la iniciativa consideran que el reconocimiento constitucional del LESCO colocaría a Costa Rica entre los países que han dado rango constitucional o legal al reconocimiento de las lenguas de señas, fortaleciendo el acceso a la educación, la información, los servicios públicos y la participación de la comunidad sorda en igualdad de condiciones.
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