La diputada local del PAN Lizzette Salgado llamó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y al Gobierno capitalino a fortalecer la estrategia de combate contra el despojo y brindar una atención más eficaz a las víctimas.
Recordó que los hechos ocurridos la semana pasada en un predio de la calle Matías Romero, en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, donde vecinos denunciaron un presunto caso de despojo que derivó en una amplia movilización ciudadana y cierre de calles, vuelven a evidenciar una de las principales preocupaciones de miles de familias capitalinas: el crecimiento de redes dedicadas al despojo de inmuebles.
La legisladora señaló que este caso refleja una realidad que ya no puede entenderse como hechos aislados, pues cada vez existen más denuncias que apuntan a la operación de redes bien organizadas, que presuntamente recurren a la falsificación de documentos, la simulación de actos jurídicos, la suplantación de identidad y otros mecanismos para apropiarse ilegalmente del patrimonio de las familias.
“Lo que hoy preocupa a los vecinos no es únicamente la ocupación ilegal de un inmueble; preocupa que detrás de muchos casos existan estructuras organizadas que aprovechan vacíos legales, documentos presuntamente falsificados y posibles redes de complicidad para afectar el patrimonio de las personas. Hablamos de verdaderos cárteles dedicados al despojo”, indicó.
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De acuerdo con cifras oficiales, entre enero de 2020 y abril de 2026 la FGJ-CDMX inició más de 25 mil carpetas de investigación por el delito de despojo. Tan sólo entre enero de 2025 y abril de 2026, fueron cinco mil nuevas denuncias, es decir, más de 300 casos cada mes.
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Sin embargo, advirtió que la respuesta institucional sigue mostrando una amplia brecha entre el tamaño del problema y los resultados obtenidos. En ese mismo periodo únicamente se reportan 463 personas detenidas, mientras que mil 228 fueron puestas a disposición del Ministerio Público, sin que exista información precisa sobre cuántas fueron finalmente vinculadas a proceso o sentenciadas. Las detenciones representan menos del dos por ciento del total de las carpetas de investigación iniciadas.
“Las cifras reflejan una realidad preocupante: para miles de familias denunciar no necesariamente significa recuperar su patrimonio o ver sancionados a los responsables”, añadió.
La diputada local recordó que el Congreso de la Ciudad aprobó en 2025 diversas reformas para fortalecer el marco jurídico en materia de despojo, incrementando las penas y estableciendo nuevas herramientas para combatir modalidades como la suplantación de identidad, la simulación de actos jurídicos y el uso de documentación apócrifa. No obstante, sostuvo que las leyes se miden por sus resultados, y hoy la ciudadanía sigue demandando mayor eficacia en la investigación y persecución de este delito.
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