El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, sostuvo que una eventual transición democrática en Nicaragua requerirá reconstruir la sociedad civil, investigar violaciones de derechos humanos y situar la política ambiental entre las prioridades del Estado. El biólogo nicaragüense, exiliado en Costa Rica, también aseguró que estaría dispuesto a someterse a investigaciones sobre las acusaciones formuladas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una entrevista con Realidades, Ruiz definió su lugar actual como el de un actor social de oposición. “Nicaragua no tiene un gobierno, tiene un régimen y no tiene presidentes, tiene tiranos”, afirmó al referirse a la estructura de poder que gobernó el país desde Managua.
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Ruiz salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de la cancelación de la personería jurídica de Fundación del Río. Según relató, cruzó por puntos irregulares de Río San Juan hasta llegar a San José, donde solicitó refugio. En 2023, dijo, fue incluido entre las 94 personas a las que el Estado nicaragüense retiró la nacionalidad.
El ambientalista vinculó la persecución contra la organización con sus denuncias por el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz en 2018 y con su rechazo previo al proyecto de canal interoceánico. Recordó que Fundación del Río lleva más de 37 años de trabajo ambiental, con tres décadas de presencia en Nicaragua.
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“Más de 5.635 organizaciones han sido canceladas”, aseguró Ruiz al describir el impacto de las medidas contra asociaciones civiles. Añadió que el caso de Fundación del Río permanece ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal regional, en etapa de revisión de fondo, por la presunta vulneración de la libertad de asociación.
La organización, explicó, conserva vínculos con comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esa red permite contrastar datos obtenidos mediante sistemas de información geográfica con informes desde el territorio sobre cambios en la cobertura boscosa, incendios, concesiones mineras y otras transformaciones ambientales.
Ruiz señaló que la fundación redujo la exposición pública de sus integrantes por razones de seguridad. Aunque él es el principal vocero, afirmó que las decisiones parten de un consejo de dirección y no de una conducción individual. “La responsabilidad sea colectiva, tanto los fracasos como los aciertos van a ser de todos y todas”, planteó.
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Para Ruiz, la crisis política y la cuestión ambiental están relacionadas. Sostuvo que las decisiones sobre minería, bosques, agua y áreas protegidas forman parte de un modelo económico que, a su juicio, el régimen puso al servicio de intereses propios.
El presidente de Fundación del Río planteó que una futura administración debe basar sus decisiones en información científica, datos públicos y criterios técnicos.
“Un político que dice que va a hacer algo estando ciego con la información es un mal político”, afirmó. Su propuesta contempla que los funcionarios cuenten con formación profesional y que los ministerios tengan mayor autonomía frente a las decisiones partidarias.
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Ruiz consideró que la oposición nicaragüense debe incorporar una agenda ambiental en sus plataformas. Dijo que, si en el futuro existieran condiciones democráticas, respaldaría la creación de una fuerza política verde. Aclaró, de todos modos, que no ve un escenario electoral viable mientras no existan partidos independientes inscritos ni garantías para competir.
El ambientalista sostuvo que un proceso de cambio político deberá incluir mecanismos de justicia transicional, reparación para las víctimas y devolución de bienes o derechos afectados por cierres, confiscaciones y cancelaciones administrativas.
Ruiz afirmó que la revisión de responsabilidades no debería limitarse a integrantes del régimen. A su entender, el proceso tendría que establecer los hechos, identificar a las víctimas y determinar el grado de responsabilidad de quienes cometieron violaciones, sin importar su pertenencia política.
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También se refirió a las acusaciones contra Fundación del Río por los hechos ocurridos en Morrito en 2018. Según explicó, un diputado de Río San Juan afirmó durante el proceso de cancelación de la organización que esta promovió tranques y tuvo relación con la masacre en ese municipio: “Me sometería a cualquier proceso”, respondió.
Ante la posibilidad de un cambio político, Ruiz indicó que su primera prioridad sería recuperar la organización, sus bienes y su capacidad de trabajo en Nicaragua. Señaló que las medidas adoptadas contra él incluyeron la cancelación de cuentas y obstáculos para recibir una herencia familiar.
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El dirigente ambientalista no descartó asumir una función política en el futuro, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de instituciones independientes.
Mientras el ambientalista se encuentra preocupado por los recursos del país, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue cediendo grandes porciones de terreno a empresarios chinos.