Cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan operativos contra extranjeros en Estados Unidos, cada vez es más habitual que testigos saquen sus celulares para grabar lo que ocurre o se manifiesten en apoyo a las personas detenidas. Para frenar estas acciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está registrando datos personales de quienes observan y documentan estos procedimientos para darles seguimiento, lo que ha dado origen a una demanda contra la agencia, acusándola de crear una “lista negra” con estos ciudadanos. ¿Qué sostiene esa demanda y qué persigue? Aquí te lo explicamos.

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Antes te precisamos que los demandantes en el caso son el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) y tres observadoras legales: Nicole Cleland, Jacquelyn Ivey y Anna Walker, quienes aseguran haber sido objeto de vigilancia y represalias por parte del DHS. La organización Democracy Forward, junto con el despacho Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, actúa como representación legal de este grupo.

¿QUÉ SEÑALA LA DEMANDA?

La demanda acusa al Departamento de Seguridad Nacional de crear una especie de “lista negra”, donde se ha identificado a personas que se manifiestan o documentan acciones migratorias. “El DHS ha desplegado tecnología de reconocimiento facial, cámaras corporales, información de matrículas, dispositivos móviles y otras herramientas de vigilancia para identificar y rastrear a personas que observan legalmente las medidas de control migratorio en público”, se lee.

Los demandantes señalan que el DHS ha conservado y consultado esos expedientes, incluido el Sistema Automatizado de Selección de Objetivos (ATS), lo que abre la puerta a que esa información se comparta con otras agencias de seguridad y cumplimiento de la ley. Además, afirman que el departamento usó esos datos para retirarles sus credenciales de Global Entry —un programa que agiliza los controles en aeropuertos— como represalia por ejercer sus derechos constitucionales.

En conjunto, la demanda explica que agentes del DHS, en distintos puntos del país, han recopilado de forma abierta información sobre observadores —llegando a decir en Maine que los incluirían en una base de “terroristas nacionales”, usando reconocimiento facial en Chicago y llevando a personas hasta sus casas en Minneapolis— y que se han acercado a ellos llamándolos por su nombre completo aunque nunca se identificaron, lo que refuerza la percepción de vigilancia y represalia.

Frente a ese contexto, Ivey subraya que no se trata solo de perder privilegios como Global Entry, sino de defender principios fundamentales, porque cuando el poder intenta silenciar a la ciudadanía es justamente cuando más necesario resulta alzar la voz.

En resumen:

• Se acusa al DHS/ICE de recopilar, guardar y compartir información personal de activistas, observadores legales y personas que documentan operativos migratorios, con el propósito de vigilarlos, intimidarlos o eventualmente detenerlos o negarles beneficios migratorios.
• Se sostiene que esa práctica funciona como una “lista negra” informal: un registro de personas que ejercen actividades protegidas y que, por hacerlo, son objeto de un escrutinio adicional o represalias.
• Afirman que esto viola derechos constitucionales, sobre todo la Primera Enmienda (libertad de expresión, de prensa, de asociación y de petición al gobierno).

¿Qué pedirían con la demanda al tribunal?

• Que se ordene al gobierno dejar de recopilar y usar esa información con fines de represalia contra quienes monitorean o critican las acciones de ICE.
• Que se declaren ilegales o inconstitucionales las prácticas de vigilancia dirigida contra activistas, periodistas y defensores de derechos de inmigrantes.

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Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.