Editorial

Atendido el renovado clima de presión sobre el tribunal por parte de sectores políticos, resulta muy importante que la nueva presidenta haya reafirmado que el control que realiza el tribunal es estrictamente jurídico.

El discurso pronunciado por la ministra María Pía Silva, en el marco de la ceremonia de investidura como nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC) -cargo que ejercerá por espacio de un año, pues su período como integrante del tribunal expira en 2027- ha resultado ciertamente valioso, porque allí entregó una serie de definiciones respecto del rol que está llamado a desempeñar este importante órgano del Estado así como la impronta de lo que espera sea su gestión al mando de dicha institución.

Por de pronto, señaló que el tribunal llega a esta nueva etapa fortalecido, y reconoció la labor de las dos anteriores presidentas, especialmente por su preocupación por recomponer el clima interno, modernizar los procesos y abrir la institución a la ciudadanía. En sus definiciones más de fondo, planteó que “no puede olvidarse que el Tribunal Constitucional sirve a la Constitución y al ideal democrático garantizando el orden institucional a través de sus sentencias, lo cual supone no solo interpretar y aplicar las normas constitucionales, sino también escuchar e interactuar con la comunidad nacional”. Y algo muy significativo: “Como afirmamos en reciente sentencia, el control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico y se ejerce desde razones de orden normativo, conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas”.

Sus palabras resultan particularmente oportunas, porque el TC nuevamente está bajo presión a raíz del inusitado interés de la oposición por recurrir a esta instancia para impugnar aspectos medulares de los proyectos de ley más emblemáticos de esta administración, como ya ocurrió en el caso de Escuelas Protegidas -donde los integrantes del tribunal se dividieron y el fallo terminó favoreciendo las pretensiones de la oposición por el voto dirimente de su presidenta- y que próximamente se concretará en el caso del proyecto de ley sobre Reconstrucción Nacional, donde entre otros aspectos se pretende declarar como inconstitucional la invariabilidad tributaria.

Hay un intento indisimulado de sectores de izquierda por instrumentalizar el tribunal, buscando transformarlo en una “tercera cámara”, lo que resulta especialmente chocante considerando que estos mismos sectores reprochaban a la derecha -cuando esta era oposición- ocupar el TC como instancia para derribar los proyectos del gobierno, al margen de lo que resolviera el Congreso. Para la nueva presidenta del Tribunal Constitucional será por lo tanto una tarea especialmente exigente velar por que en la etapa que viene el tribunal se mantenga ajeno a las presiones y, tal como recordó en su alocución, velar por que el control que se ejerza sea estrictamente jurídico, pues solo de esa forma se puede asegurar fielmente la supremacía de las normas constitucionales.

Existen algunas aprensiones a raíz del fallo sobre Escuelas Protegidas, considerando que el TC invocó preceptos contenidos en instrumentos internacionales que no son de carácter obligatorio, así como sentencias de la Corte Suprema, en vez de profundizar en sus propios razonamientos. Por lo mismo, será muy relevante que en sus futuros pronunciamientos el TC despeje cualquier duda de posibles alineamientos con determinados sectores políticos.