SEÑOR DIRECTOR:

La emergencia que golpea a la Región de Coquimbo y al sur de la Región de Atacama vuelve a exhibir el problema de fondo de nuestra institucionalidad de emergencias: la distancia entre la decisión política y su ejecución.

Conviene ser preciso, porque el debate confunde ambos niveles. El gobierno decretó Emergencia Preventiva con pronóstico en mano, y no es un detalle menor. Esa facultad no es nueva: desde 1974 el Estado puede declarar zonas en estado preventivo ante riesgo inminente acreditado por informe técnico. Ante eventos hidrometeorológicos apenas hay registro de aplicación anticipada en la última década. Que esta vez se actuara antes del impacto es correcto y no debe perderse en el fragor del debate.

Pero una facultad es una caja de herramientas: no importa cuántas se entreguen si quien debe ejecutarlas no las usa, o no sabe cómo. El predespliegue de logística a zonas que se sabía quedarían aisladas -helicópteros, maquinaria pesada, vehículos todo terreno, equipos de comunicaciones y ayuda humanitaria esencial- no ocurrió con la anticipación que el decreto permitía. Y la vulnerabilidad de estos territorios era conocida: por su geografía, por sus comunidades dispersas y, en Atacama, por la tragedia de 2015. Corral ya había encendido las alertas.

La debilidad está en el mando y control de Senapred. La resistencia de la dirección de la entonces Onemi durante la tramitación legislativa la dejó en el ambiguo espacio de la coordinación y la asesoría, sin autoridad de mando ni rendición de cuentas posible. Eso presiona a niveles políticos a asumir un ámbito que no les es propio. La comisión investigadora por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué concluyó que se requiere “una reforma a su sistema de gobernanza, cuya naturaleza horizontal como entidad ‘coordinadora’ (sin autoridad de mando) ha fracasado”.

La comisión de 2023 ya lo había advertido, incluida la necesidad de modificar el sistema de alerta para evacuación. Nada de eso ha cambiado.

Nadie está obligado a lo imposible; el Estado sí está obligado a lo posible. Muchas emergencias no se evitarán, pero siempre habrá margen para responder a tiempo, mitigar y demostrar que se hizo todo lo posible. Una institucionalidad que falla más allá de los gobiernos de turno debería alarmar a esta administración y a las que vengan. Cuando se dan cuenta, para muchos ya es tarde.

Michel De L’Herbe

Consultor en Emergency Management