29 de septiembre, 2026 - 06h00
Las acciones contra el crimen y los grupos armados organizados en Colombia se reactivaron con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en el marco de una política de seguridad clara, en donde se vuelve a dar protagonismo a las ofensivas y actuaciones militares, bajo inteligencia y sincronía operacional desde el liderazgo político según los objetivos y retos colombianos y hemisféricos.
Uno de los objetivos de inicio del Gobierno colombiano ha sido actuar en contra del grupo criminal Comandos de la Frontera, uno de los actores que controla el narcotráfico y actúa en contra de la población en el Putumayo, Nariño, Amazonas y Ecuador. Es muy importante el enfoque de actuar contra este grupo porque demuestra que se están identificando los corredores estratégicos transnacionales, debido a que este grupo se conecta criminalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana, aprovechando también el lucro y control de la minería ilegal.
La captura hace más de un mes del segundo al mando de este grupo criminal alías Boni fue relevante (aunque no es suficiente) porque demuestra la inacción que se tenía desde la política colombiana y revitaliza al sector militar para que vuelvan a posicionarse y moralizarse ante los retos del multicrimen en el país. Es fundamental que se actúe de forma integral entre ambos países, para que una vez se vayan dando golpes militares, los espacios de estos criminales no sean ocupados por la violencia y estos u otros actores que tienen intereses de economía ilícita en los territorios.
El crimen organizado transnacional es altamente flexible y adaptativo a la volatilidad del contexto, es mucho más rápido en su operación logística y administrativa. Opera con diversidad en el mercado criminal y no es organizado de forma jerárquica, porque funciona en red con nodos que conectan a los criminales según intereses. Un cabecilla u objetivo de alto valor estratégico (OAVA) puede ser reemplazado rápidamente, para que el negocio ilícito no se desactive. Esto exige que deban articularse desde los Estados, en este caso Ecuador y Colombia, objetivos claros y de respuestas multidimensionales: capacidades diferenciadas de la institucionalidad, para cooptar espacios económicos, administrativos, de seguridad, justicia, entre otros.
Mientras se va dando la ofensiva militar del Estado, se agudizan las violencias en los territorios debido al desacomodo de los modelos que funcionan en muchos lugares como seudo-Estados, debido a que han controlado los movimientos de poblaciones, reciben pagos (extorsiones) para aceptar negocios y comercio, ejercen papeles de justicieros ante la sociedad, entre otros aspectos que le restan espacio a lo lícito y a la institucionalidad. Esto debe ser tomado rápidamente en un proceso dual: atacar al actor criminal de forma militar y poner en esos espacios institucionalidad con control y presencia militar, y de forma transitoria ir recuperando el territorio en dinámicas sociales, económicas y de seguridad.
Por último, es vital recordar que con el cambio de gobierno en Colombia y la cooperación con el presidente ecuatoriano para confrontar el crimen organizado y a los grupos criminales, estos pasarán de la búsqueda de expansión que lograron durante Petro a un escenario de contracción y defensa de sus recursos vitales y estratégico-criminales. (O)