En apenas 12 meses, la educación escaló siete posiciones en la lista de problemas que más preocupan a los mexicanos. El porcentaje de población que la identifica como uno de los principales retos del país pasó de 11% a 30%, un cambio que colocó al sistema educativo en el cuarto lugar de las inquietudes nacionales, sólo por debajo de la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción.
De acuerdo con la encuesta nacional de Quiddity, en 2025 la educación ocupaba el décimo lugar entre los principales problemas del país, y para 2026 se ubicó en la cuarta posición.
La percepción sobre la calidad de la educación pública muestra una valoración dividida: siete de cada 10 mexicanos consideran que es regular o mala, mientras que sólo tres de cada 10 están satisfechos con la formación académica que reciben los estudiantes en las escuelas públicas.
Fuente: Encuesta nacional de Quiddity.
El estudio señala que menos de 15% de los mexicanos considera que la educación pública es una prioridad clara para el gobierno. La percepción sobre el futuro de la educación también registra una disminución respecto a 2023.
Entre las principales acciones que la población considera necesarias se encuentra la mejora de los planes y programas de estudio, mencionada por 35% de los encuestados como la principal prioridad de inversión, seguida por la infraestructura escolar, con 18%, y la capacitación docente, con 17%.
De acuerdo con la encuesta, los maestros registran los niveles más altos de confianza, con porcentajes que oscilan entre 29% y 37% en los niveles superiores de la medición.
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En contraste, 39% de los encuestados ubica al gobierno federal en los niveles más bajos de confianza en materia educativa, mientras que los sindicatos magisteriales aparecen como el actor peor evaluado.
El reporte también identifica acuerdos amplios en medidas específicas. El 94% de los mexicanos está de acuerdo con ofrecer alimentos nutritivos en las escuelas públicas. El respaldo a esta propuesta supera 90% entre distintos grupos de edad, género, regiones y niveles educativos. Además, seis de cada 10 mexicanos consideran adecuados los horarios escolares y no los ubican como un problema prioritario.
El estudio se realizó en un contexto de un sistema educativo que atiende a 34.3 millones de estudiantes durante el ciclo escolar 2024-2025, de los cuales 83.7% se encuentran inscritos en instituciones públicas.
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Se expone que aunque la cobertura educativa es amplia, persisten desafíos en aprendizajes, infraestructura y conectividad. En educación básica pública, 45.2% de las escuelas cuenta con computadoras y 41.5% tiene acceso a internet.
En resultados de aprendizaje, PISA 2022 ubicó a México por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Sólo 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en matemáticas, frente a 69% del promedio de los países de la organización.
El diagnóstico también incorpora el contexto de las tensiones recientes en el sector educativo, entre ellas los conflictos laborales con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han mantenido la educación dentro de la agenda pública nacional.
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Para Erik Avilés, director general de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, uno de los hallazgos más relevantes es que menos de 15% de los mexicanos considera que la educación pública es una prioridad clara para el gobierno. Menciona que este resultado, sumado al ascenso de la educación del décimo al cuarto lugar entre los problemas del país, muestra la preocupación de la ciudadanía por la situación del sistema educativo.
Considera que el ascenso de la educación del décimo al cuarto lugar entre las preocupaciones nacionales ocurre en un contexto marcado por paros, conflictos con la CNTE, disputas en torno al calendario escolar, violencia escolar y otros problemas que han colocado al sector en el centro del debate público.
Respecto a la percepción sobre la calidad educativa, señala que los resultados muestran una diferencia entre la experiencia cotidiana de las familias y los discursos oficiales sobre la transformación educativa. “La legitimidad de cualquier reforma educativa se mide en las aulas, no en los comunicados”, afirma.
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