El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná condenó a Leonardo Airaldi, conocido como el “gaucho narco”, a 12 años de prisión y a pagar una multa superior a los 118 millones de pesos. Los jueces lo consideraron responsable de liderar, financiar y abastecer una organización dedicada al narcotráfico que operó entre 2019 y 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná, en Entre Ríos, y que tenía conexiones en Rosario y Santa Fe.
Airaldi, era conocido en la región por su experiencia en la dirigencia ruralista, ya que llegó a ser presidente de la Sociedad Rural de Diamante, una localidad donde su familia tenía una larga trayectoria y vínculo por generaciones.
Airaldi escuchó el veredicto por videoconferencia desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde está alojado en el régimen para internos de alto riesgo, luego de que se conociera un plan de este criminal de querer atentar y matar a funcionarios judiciales y políticos.
El fallo lo firmaron los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello. La pena quedó apenas por debajo de los 14 años que habían solicitado los representantes del Ministerio Público, el fiscal general José Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Martín Uriona.
También fueron condenados otros seis imputados y absolvió a dos. Juan Andrés Erbes recibió seis años y ocho meses de prisión y deberá pagar una una multa de 11 millones de pesos; Sebastián Armocida a seis años de cárcel y una multa de $10 millones; Roberto Coronel cinco años y una multa de $7.000.000; Joel Shonfeld, considerado partícipe secundario, fue condenado a tres años y a cinco millones de pesos de multa; María Soledad Touzet fue condenada como partícipe secundaria a tres años de prisión de ejecución condicional y a una multa de tres millones de pesos, y Walter Gonzalo Olivero recibió la misma pena condicional. El tribunal ordenó su libertad inmediata y le retiró la tobillera electrónica.
Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez fueron absueltos.
El tribunal dispuso además la prisión preventiva de Erbes, que hasta el veredicto seguía el juicio en libertad. La Fiscalía lo había señalado como el segundo en importancia dentro de la organización. Los jueces rechazaron el pedido de decomiso de la estancia El Mirador que había formulado el Ministerio Público.
El proceso unificó dos expedientes. El primero nació en agosto de 2022 en Puerto Gaboto, en Santa Fe, a partir del secuestro de casi treinta kilos de cocaína de alta pureza. Los investigadores vincularon esa logística con Airaldi y con otros integrantes de la estructura. El segundo expediente se concentró en las operaciones por rutas fluviales y terrestres. Según la investigación, parte de esa logística se coordinaba desde una estancia ubicada en una isla del río Paraná. En esa causa continúa prófugo Diego Torres, identificado como puestero del establecimiento.
La acusación la impulsó el Ministerio Público Fiscal, con Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, el fiscal Candioti y Martín Uriona. Candioti valoró el fallo. Sostuvo que el tribunal receptó la postura de la Fiscalía después de más de cinco meses de audiencias y que consideró a Airaldi responsable de la figura de organizador, la más severa de la ley 23.737. “Se hizo justicia. No quedaron impunes estos graves hechos”. También pidió que el dinero de las multas se destine a los lugares y a las personas dañadas por el narcotráfico. Sobre el eje de la política criminal, planteó una distinción: “La Justicia debe perseguir a las grandes bandas de narcotraficantes; los chicos que consumen son las víctimas”.
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, calificó la resolución como una “sentencia histórica” y afirmó que en la provincia “el narcotráfico no tiene lugar”.
El juicio se desarrolló sobre un trasfondo grave. Airaldi está acusado además de haber diseñado un plan para atentar contra el juez federal Leandro Ríos, el fiscal Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Quien lo denunció fue otro narco, Daniel “Tavi” Celis. A partir de esa revelación, en febrero de 2026, fue trasladado a Ezeiza y alojado en el pabellón de alto riesgo. La Cámara Federal de Entre Ríos rechazó el planteo de su defensa y confirmó los allanamientos y el secuestro de su teléfono.
Airaldi conducía la filial entrerriana de la Sociedad Rural desde una posición de notable en Diamante, una ciudad de la costa del Paraná. Administraba campos y una estancia en la zona de islas, un enclave que la investigación identificó como El Pillo. Se movía como un productor agropecuario de peso en una región surcada por ríos y arroyos, un territorio que, según los investigadores, era aprovechado por narcos rosarinos bajo el amparo de policías de puestos camineros de ambas provincias.
Su conexión con Rosario se consolidó durante su paso por la cárcel de Piñero, en 2022. Al recuperar la libertad conservó esos contactos. Las escuchas incorporadas a la causa registran comunicaciones con personas identificadas como “Javi” y “Ardilla”, vinculadas al envío de gente a su campo y a la orden de buscar 600.000 dólares en una estación de servicio rosarina. Fue detenido en marzo de 2024 en el barrio Ludueña, uno de los más peligrosos de Rosario, con dos pistolas 9 milímetros y municiones en su camioneta.
En el juicio afloraron datos sobre el tráfico de drogas en la hidrovía Paraná-Paraguay. Según la acusación, la gente de Airaldi usaba lanchas con motores preparados para ir a buscar la cocaína, que llegaba en avionetas que aterrizaban en la zona de islas del Delta.
El testimonio más comprometedor fue el de Touzet. Era policía provincial y madre soltera. En 2021 dejó la fuerza para trabajar en las empresas de Airaldi por un sueldo y horarios flexibles. Ante el tribunal describió un régimen de sometimiento con amenazas concretas y contó que el hombre le había ordenado averiguar el precio del combustible para avionetas en una estación aérea de Santa Fe. Cuando ella consultó si debía comprarlo, la respuesta fue: “Borrá eso”. Días después entendió el sentido del encargo: las avionetas no eran para el agro. Al cerrar su declaración, entre llantos, pidió al tribunal que no lo liberara: “No suelten a ese animal”. Los jueces le dispusieron custodia policial y un botón antipánico.
Airaldi hizo un descargo extenso y desafiante. Admitió el consumo de cocaína, pero negó cualquier venta. Atribuyó los audios en los que se lo escucha hablar de droga a conversaciones entre consumidores y comparó el convite de cocaína con la invitación a tomar un buen vino. Negó que hubiera una pista de aterrizaje en su campo: dijo que era un viejo camino ganadero. Atacó, uno por uno, a los testigos de cargo, y les asignó a cada uno un motivo de enemistad.
En sus últimas palabras, antes del veredicto, Airaldi se declaró inocente. Pidió disculpas por su adicción, describió las condiciones de su detención y sostuvo que su causa había sido “muy direccionada”. Denunció una “causa armada” y anunció que, si el tribunal lo liberaba, se presentaría a elecciones. “Nos veremos en los comicios”, dijo. Reclamó “periodistas independientes que plasmen la verdad” y una “Justicia independiente”.
Horas antes del fallo, su defensora, Mariana Barbitta, había anticipado que esperaba una absolución. Tras la condena, adelantó que presentará un recurso de casación una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia.
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