El proceso para designar al nuevo fiscal general del Estado entró en una nueva etapa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que, al cierre del plazo para presentar impugnaciones ciudadanas, se registraron 51 recursos dentro del concurso público de méritos y oposición para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
El organismo precisó que esa cifra aún no es definitiva, pues deberá consolidar la información remitida desde las delegaciones provinciales y las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, por lo que el número de impugnaciones podría variar una vez concluida esa verificación.
Con el cierre de esta fase, la Secretaría General del CPCCS remitirá todos los expedientes a la Comisión Ciudadana de Selección, que contará con cinco días término para analizar cada uno de los recursos y resolver si son admitidos o no.
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En caso de que una impugnación sea inadmitida, la resolución podrá ser apelada ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme al procedimiento establecido para este concurso.
El comunicado difundido por el organismo no identifica quiénes presentaron las impugnaciones ni cuáles son los postulantes cuestionados. Hasta el momento, el CPCCS tampoco ha publicado un listado oficial con los nombres de los impugnantes o de los aspirantes impugnados, por lo que el contenido de los recursos aún no ha sido dado a conocer institucionalmente.
No obstante, algunos ciudadanos decidieron hacer públicas sus impugnaciones a través de redes sociales.
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Uno de ellos fue el abogado Washington Andrade, quien informó mediante un video difundido en su cuenta de X que presentó una impugnación contra el postulante Carlos Alarcón.
En su pronunciamiento, Andrade sostuvo que la acción “no responde a intereses personales ni políticos”, sino que busca garantizar la transparencia del proceso de selección.
“El único propósito es que siga la transparencia del proceso y garantizar que quien asuma el cargo cumpla con los más altos estándares de independencia. La Fiscalía no puede generar impunidad ni convertirse en un instrumento de persecución política y debe actuar con absoluta independencia, siguiendo la ley y la Constitución”, manifestó.
Otra de las impugnaciones que trascendió públicamente fue la presentada por el excandidato presidencial Andrés Arauz.
A través de una publicación en la red social X, Arauz informó que impugnó la candidatura de Carlos Alarcón al considerar que incumplió varios requisitos previstos para participar en el concurso.
Según el excandidato presidencial, Alarcón habría consignado en el formulario de postulación que no mantiene conflictos de intereses, pese a que actualmente actúa como acusador de una consejera del CPCCS dentro del denominado caso Ligados.
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Arauz también sostuvo que el postulante no presentó uno de los certificados relacionados con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que habría existido una omisión respecto al certificado como afiliado, que el documento sobre apoliticismo no fue presentado en la forma correspondiente y que existirían otras inconsistencias dentro del expediente entregado al organismo.
En otra publicación en la misma red social, Arauz también informó que impugnó la postulación de la jueza Daniella Camacho. Entre sus argumentos señaló que la postulante habría mantenido un conflicto de intereses dentro del denominado caso Ligados, además de cuestionar otros aspectos relacionados con su postulación.
Estas observaciones corresponden exclusivamente a las afirmaciones realizadas por Arauz en su publicación y forman parte de las impugnaciones que fueron difundidas por sus propios autores. El CPCCS no ha confirmado oficialmente el contenido de los recursos ni la identidad de los postulantes que fueron objetados durante esta etapa.
El periodo de impugnaciones se desarrolló entre el 27 y el 31 de julio y permitió que ciudadanos y organizaciones sociales presentaran objeciones contra cualquiera de los aspirantes que continúan en el concurso.
De acuerdo con las reglas del proceso, las impugnaciones podían fundamentarse en cinco causales: incumplimiento de requisitos legales; falta de probidad e idoneidad; estar incurso en prohibiciones o inhabilidades; haber omitido información relevante para la postulación; o haber falsificado o alterado documentos para participar en el concurso.
Los ciudadanos que presentaron impugnaciones debían identificar plenamente al postulante cuestionado, exponer los fundamentos de hecho y de derecho, acompañar la documentación probatoria correspondiente y señalar un domicilio electrónico para recibir las notificaciones del proceso.
La apertura de esta fase fue aprobada por el pleno del CPCCS el pasado 24 de julio, luego de concluir la etapa de calificación de méritos.
El número de participantes habilitados para continuar en el concurso quedó reducido a 27 postulantes, quienes fueron sometidos al proceso de escrutinio e impugnación ciudadana.
La etapa de impugnaciones constituye uno de los mecanismos de participación previstos en este tipo de concursos públicos, ya que permite que cualquier ciudadano u organización social aporte información que considere relevante sobre los aspirantes antes de que el proceso continúe hacia las siguientes fases.
Una vez que la Comisión Ciudadana de Selección resuelva qué impugnaciones cumplen los requisitos para ser tramitadas, aquellas que sean admitidas pasarán a una audiencia pública.
Solo después de concluir esta etapa el concurso podrá avanzar hacia las siguientes fases previstas en el reglamento del proceso de selección del fiscal general del Estado, autoridad que ejercerá la representación de la Fiscalía General. (I)