La creación de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) marcó uno de los cambios más importantes en la estructura administrativa de la seguridad municipal durante la administración del alcalde Aquiles Alvarez. Casi tres años después de su nacimiento, la entidad no solo absorbió las funciones de la extinta Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), sino que también amplió considerablemente su planta de personal.
Los distributivos revisados por EL UNIVERSO muestran que en enero de 2024 la empresa registraba 1.319 servidores, mientras que el distributivo correspondiente a junio de 2026 refleja 2.740 funcionarios, es decir, 1.421 trabajadores más, lo que representa un incremento superior al 100 % en poco más de dos años.
Ese crecimiento volvió al centro del debate luego de que el presidente vitalicio del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, cuestionara el pasado lunes 13 de julio el tamaño de la estructura creada por la actual administración municipal.
Publicidad
Durante una entrevista con Ecuavisa, el exalcalde sostuvo que la conformación de Segura EP terminó generando una “duplicación del gasto laboral”.
“El Municipio no está para darles empleo a los amigos, sino para que crezcan la obra pública, las concesiones y los servicios”, afirmó.
De la Corporación a una empresa pública
Segura EP fue creada oficialmente el 15 de junio de 2023, cuando el Concejo Cantonal aprobó la ordenanza para su constitución. Una semana después, el 22 de junio, la decisión fue publicada en el Registro Oficial.
Publicidad
Publicidad
La nueva empresa reemplazó a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), organismo que durante años administró la videovigilancia y la coordinación de emergencias en la ciudad.
Con la nueva estructura, el Municipio integró bajo una sola empresa al Cuerpo de Agentes de Control Municipal, la Dirección de Gestión de Riesgos, el Centro de Operaciones de la antigua corporación, el programa Amiga, Ya No Estás Sola, el sistema de videovigilancia, la atención de emergencias, el fondo municipal para la gestión de riesgos y otras áreas relacionadas con seguridad y convivencia ciudadana.
En ese momento, la Alcaldía justificó la reorganización señalando que el objetivo era fortalecer la prevención, incorporar mayor tecnología y optimizar el uso de los recursos municipales destinados a seguridad.
Los distributivos muestran que la empresa cuenta actualmente con una estructura que va mucho más allá de los agentes desplegados en las calles.
La nómina incluye agentes de control municipal, operadores del sistema de videovigilancia, operadores de GPS, receptores de llamadas de emergencia, paramédicos, conductores, inspectores, técnicos en gestión de riesgos, personal para atención de emergencias, especialistas en tecnologías de la información, analistas jurídicos, financieros y administrativos, además de personal de comunicación, planificación, talento humano, contratación pública y procesos institucionales.
A ello se suman diversas gerencias y coordinaciones encargadas de áreas como Gestión de Riesgos, Reconstrucción del Tejido Social, Análisis de Información y Estadística, Tecnologías de la Información, Asesoría Jurídica, Administración, Talento Humano, Seguridad Informática, Planificación, Compras Públicas y Comunicación, entre otras dependencias contempladas en el distributivo institucional.
Publicidad
Cuestionamientos a la estructura
Nebot utilizó precisamente esa expansión para cuestionar el manejo administrativo del Municipio.
El dirigente socialcristiano recordó que durante su administración, que alcanzó 19 años, dejó la nómina municipal con 3.950 empleados, los que subieron a 5.900 funcionarios al finalizar la administración de Cynthia Viteri y con Alvarez superaron los 4.600.
A su criterio, aunque la administración de Aquiles Alvarez anunció inicialmente una reducción de personal, la creación de Segura EP terminó aumentando nuevamente la estructura municipal.
Cuando presentó la nueva empresa pública, la administración municipal sostuvo que no se trataba únicamente de un cambio de nombre respecto de la antigua Corporación para la Seguridad Ciudadana.
Según la Alcaldía de Alvarez, el propósito fue concentrar en una sola entidad la gestión integral de la seguridad, la prevención de riesgos, la coordinación con otras instituciones del Estado, la reconstrucción del tejido social y el soporte tecnológico para la vigilancia y atención de emergencias.
Bajo ese esquema, Segura EP asumió también la coordinación del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón, el manejo del Fondo Municipal de Gestión de Riesgos y Emergencias y la articulación con universidades, cámaras de la producción y otras instituciones para proyectos de prevención.
Segura EP, en medio de polémica por sala espejo
En las últimas semanas, Segura EP cobró relevancia luego de la difusión de transcripciones judicializadas de una reunión entre el expresidente Rafael Correa, el expolicía Rodney Rengel e integrantes de la Revolución Ciudadana.
En esos diálogos, Correa pregunta: “¿Y tenemos cámara vigilando esa casa, quién entra y sale, no?”, a lo que Rengel responde: “Sí, señor presidente, la cámara está apuntando”. En la misma conversación también se habla de obtener acceso a registros de llamadas y se menciona al entonces presidente del directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, como una persona que colaboraría con la obtención de información.
Días después, el actual gerente de Segura EP, Álex Anchundia, confirmó que en noviembre de 2024 se habilitó, por disposición de Fernando Cornejo, un enlace externo al Centro de Control y Monitoreo (C5) que permitía acceder al sistema de videovigilancia desde una oficina municipal.
Según Anchundia, ese acceso permitía visualizar en tiempo real cualquiera de las cámaras del sistema, además de realizar grabaciones, descargas y otras funciones, aunque precisó que actualmente no es posible determinar qué cámaras fueron consultadas o qué información pudo haberse obtenido mientras el enlace permaneció activo.
Las revelaciones sobre el presunto uso de las cámaras de Segura EP y la existencia de una denominada “sala espejo” para acceder al sistema de videovigilancia escalaron incluso al ámbito legislativo.
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad de la empresa municipal, mientras que la Fiscalía confirmó que mantiene abierta, desde el 24 de junio, una investigación previa por presunta asociación ilícita relacionada con estos hechos.
(I)