Este martes, se dio a conocer que un grupo de activistas y periodistas, pertenecientes a las organización DEFENSORXS presentó una denuncia penal ante la FGR contra funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Unidad Estatal de Guerrero por presunto omisión, abuso de autoridad y negación del servicio público tras el asesinato del periodista/ambientalista Manuel Alejandro Moreno Serna (Alex Serna).
La denuncia reúne evidencias de que Alex Serna recibió amenazas de muerte públicas desde marzo, incluyendo mensajes como “ya te traemos en la mira” y “ya tenemos la ubicación”, pero las autoridades nunca le otorgaron las medidas de protección pese al riesgo denunciado.
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Comunicadores como Ignacio Villaseñor –a través de su cuenta de X– cuestionaron las fallas en el caso de Alex Serna, una de las más evidentes, las omisiones en el sistema encargado de proteger a los periodistas:
- Las amenazas fueron públicas.
- El riesgo era conocido
- Serna apareció sin vida tras estár desaparecido durante 12 días.
El pasado 4 de julio, medios de comunicación informaron que el cuerpo sin vida del ambientalista y periodista Alex Serna había sido encontrado en Zihuatanejo, en la costa de Guerrero, tras 12 días desaparecido.
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Desde el pasado mes de marzo, el activista denunció que recibió amenazas por denuncias y exhibir obras sin permiso y contaminación en la entidad que gobierna la morenista Evelyn Salgado Pineda.
El 20 de junio fue la última publicación de Serna. Con pruebas, el activista denunció que una empresa deshidratadora de mango operaba desde 2017 sin permisos ambientales en La Salidita, una playa a 40 kilómetros de Zihuatanejo.
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Su familia reportó la desaparición, la Comisión Búsqueda difundió su ficha y, el 3 de julio, la Comisión de Derechos Humanos confirmó la muerte del también comunicador de 39 años.
Las acusaciones del activista iban dirigidas a Jorge Sánchez, quien ocupó la alcaldía hasta 2024, y a Lisette Tapia, elegida hasta 2027, ambos militantes del PRI. Según denunciaba Serna, la pareja habría favorecido a empresas vinculadas a ellos mediante el suministro de agua, lo que precipitó el desabasto en el municipio. Entre las escasas voces disidentes, él destacaba por su crítica constante al matrimonio.
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Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en el último año, se ha registrado el asesinato de 10 personas – en su mayoría activistas– que defendían el derecho al agua, se oponían a megaproyectos como hidroeléctricas o trenes, protegían playas y bosques.
Los asesinatos solo son el inicio de una historia más compleja, pues el Cemda reveló que más de 314 agresiones se suscitaron sólo en 2025. Las víctimas más recurrentes son miembros de las comunidades, seguidos de defensores independientes.
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La organización también explica que la mitad de las veces no se conoce quién está detrás de la agresión, pero, en un 37 por ciento de las veces, los ataques son orquestados por gobiernos de todos los niveles y un seis por ciento por empresas privadas.
Otro dato a destacar, es que durante 2021, México fue el país más mortífero para los activistas ambientales en todo el mundo. Ese año, fueron asesinados 54.
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Dado que la impunidad es la regla y no la excepción en México, activistas y periodistas denunciaron penalmente, ante la Fiscalía General de la República (FGR) al Mecanismo Federal de Protección y la Unidad Estatal de Guerrero por irragularidades en el asesinato de Alex Serna.