El Gobierno de José Antonio Kast argumenta "razones presupuestarias" para cancelar los contratos de la empresa española en la Ruta 160 y 150, en la Gran Concepción chilena.

El Gobierno del conservador José Antonio Kast ha encendido las alarmas entre los grandes grupos de infraestructuras del país después de que las autoridades chilenas hayan suspendido por sorpresa dos contratos de construcción de carreteras y posterior explotación a la española Azvi, una decisión inesperada que pone en alerta a la comunidad inversora internacional, especialmente a los grupos españoles presentes en el país.

Además, de Azvi, el mercado chileno de infraestructuras está dominado por multinacionales como Sacyr, OHLA y Sanjosé. En la parte de operación de infraestructuras sobresalen Abertis y, en menor medida, Globalvia.

El principal y más reciente damnificado del giro en la política de inversión pública chilena ha sido el grupo Azvi. Hace una semana, el Ministerio de Obras Públicas envió una carta a los directivos de la empresa española en la que le comunicaban que suspendían la adjudicación provisional de los contratos del Corredor de Transporte Público Ruta 160 y del Corredor de Transporte Público Ruta 150 más la autopista Concepción-Talcahuano.

Ambos proyectos constructivos, con un plazo de explotación de 20 años, llevaban aparejadas inversiones por más de 400 millones de euros que se financiaban a través de un pago por disponibilidad. Azvi presentó en diciembre del año pasado una oferta en solitario por los dos corredores, que le fueron adjudicados a comienzos de este año.

Falta de recursos

Cuando en el mes de julio estaba prevista la adjudicación definitiva, el Gobierno de Kast cambió por sorpresa de opinión y decretó la cancelación de los contratos alegando, según el Ministerio de Hacienda, falta de recursos presupuestarios. "El país enfrenta actualmente una situación fiscal ajustada, tanto en el corto como en el mediano plazo. En este contexto, la continuidad de los proyectos, que implican compromisos fiscales por varios años (tanto por concepto de subsidios a la construcción como a la operación), genera presiones adicionales sobre el gasto de mediano plazo que, en las condiciones actuales, no es posible absorber. En razón de lo anterior, comunico que no se continuará con la tramitación de los decretos antes señalados", señala el ministro de Hacienda chileno, Jorge Antonio Quiroz, en una carta dirigida al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Según fuentes financieras consultadas, la decisión de Chile abre una grieta en el sistema concesional, el más maduro y estable de Latinoamérica. "En un momento en el que Perú y Colombia, con la llegada de Gobiernos de corte liberal que se van a apoyar en la iniciativa privada para el desarrollo de infraestructuras, Chile opta por asustar a los inversores con decisiones incongruentes que añaden inseguridad jurídica. Las concesiones son una herramienta sensiblemente más eficaz que la obra directamente financiada con presupuestos".

Solo dos días después de que Chile anunciase la suspensión de los contratos a Azvi, se trasladó a las autoridades locales que los proyectos se iban a ejecutar a través del sistema tradicional mediante presupuesto público, una opción inviable, al menos, durante la actual legislatura. "De optar por un Contrato de Obra Pública, el retraso acumulado realista en la finalización y puesta en marcha de las obras es de cuatro años (finales de 2035) frente a finales de 2031 comprometido en la oferta de Azvi", señala el último informe encargado por la constructora española. Además, "el Estado pierde la transferencia de riesgos al sector privado. El MOP deberá asumir de forma directa sobrecostes en expedientes de expropiaciones, diseño de desvíos de servicios públicos, interferencias de servicios y reclamaciones por restos arqueológicos o gestión social", argumenta la compañía que cuenta con el apoyo de Copsa, la patronal que representa a los grandes grupos de infraestructuras en Chile.

Chile, antaño punto de encuentro de los grandes promotores privados de infraestructuras al apostar por modelos de colaboración público-privada para la construcción de carreteras, aeropuertos y hospitales, entre otros activos, está perdiendo ese atractivo. Las licitaciones atraen poco interés, con proyectos que, incluso, quedan desiertos. "Los grandes grupos como Vinci, ACS, Ferrovial y Acciona han dejado a un lado Chileen busca de grandes operaciones en EEUU, Canadá y Australia. OHLA está teniendo muchas dificultades en el país y solamente firmas como Sacyr, Azvi y Sanjosé mantienen una apuesta firme por Chile", indican fuentes empresariales que ven en las cancelaciones una señal negativa al mercado.

Nula competencia

El último gran contrato liderado por empresas españolas lo protagonizó Sacyr tras firmar en junio pasado la concesión vial Ruta Pie de Monte, un corredor de 20 kilómetros entre San Pedro de la Paz y Coronel, también en la región de Biobío. Sacyr ganó tras presentar oferta en solitario.

Algo más disputado fue el concurso para construir y operar la primera planta desaladora para consumo humano en la región de Coquimbo.Sacyr se impuso en 2025 a un consorcio de Azvi y Cox en el proyecto de desalación, primero bajo el modelo concesionado en el país, que prevé una inversión cercana a 300 millones de euros y beneficiará a más de 540.000 personas. "No hay empresas para abordar proyectos de este calibre, ya que las grandes corporaciones solo optan por contratos de varios miles de millones de euros y los locales (Vial, Echevarria y Besalco) trabajan más para el sector privado y la industria minera", añaden las empresas que consideran errático el comportamiento del Gobierno cuando una delegación acaba de estar de visita en España promoviendo un plan privado de cárceles valorado en unos 4.000 millones de euros.

La suspensión representa una prueba de fuego para próximas licitaciones chilenas, como, por ejemplo, el teleférico de Iquique (100 millones de euros) o la cárcel de Calama (300 millones).

Chile representa una de las grandes plataformas de crecimiento de los grupos de infraestructuras españoles que han encontrado en el país una vía para crecer a través de modelos de concesión. Azvi no es el más grande del país, pero su presencia es relevante. Junto a España y México, es su mayor mercado. Cuenta con seis concesiones a través de su división Cointer. La cartera de ingresos de construcción alcanza unos 400 millones de euros, mientras que la cartera de ingresos a largo plazo se aproxima a 1.800 millones de euros. El grupo ya ha comprometido en Chile inversiones por 350 millones de euros.

Azvi trabaja con Sacyr en alguno de sus proyectos concesionales. La constructora presidida por Manuel Manrique es el mayor grupo de concesiones de Chile. Actualmente, opera doce corredores de carreteras, cinco aeropuertos, siete hospitales y cinco plantas sanitarias que cubren el ciclo completo del agua. Además, la división de Agua cuenta con contratos de concesión de la nueva desaladora de Coquimbo y de la planta de agua Reúso Salar del Carmen, ubicada en Antofagasta.

En el mundo de las concesiones chilenas también sobresale Abertis (ACS y Mundys), sobre todo en el mercado brownfield. La concesionaria española explota la Autopista de los Libertadores, la Autopista Central, la Autopista Los Andes y la Ruta 5 Santiago-Los Vilos. Por su parte, Globalvia gestiona los peajes de Vespucio Norte, Costa Arauco y Túnel de San Cristóbal.

OHLA, en su día con una fuerte presencia en Chile, ha atravesado por dificultades en varios proyectos de concesión. Resolvió con éxito este año el pleito por la construcción de la red de hospitales de Biobío tras zanjar un arbitraje de 400 millones de euros.

En menor medida, Sanjosé y Acciona también operan en Chile.