Editorial
La necesidad crítica de emprender proyectos no debe confundirse con descuido o discrecionalidad en la adjudicación.
Los rezagos de infraestructura en Guatemala ya eran notorios hace tres lustros, cuando ciertas figuras prominentes del gobierno de turno declaraban —como parte de su retórica populista electorera— que las carreteras y los proyectos portuarios y aeroportuarios eran obras para “ricos”. Luego esas voces se divorciaron, aparentemente, de tales discursos y también reclaman mejoras en infraestructura, aunque sin plantear modelos de nación para generen continuidad en el desarrollo de obras de gran alcance.
Lo más abyecto es que en sucesivos períodos la obra pública nacional se vio sujeta a las férulas oxidadas de las coimas, de las subcontrataciones, de la mediocridad técnica y hasta de la supervisión a compadre hablado. Fue ese amasijo de voracidades retorcidas lo que paralizó proyectos desde los planos, los amarró a conveniencias de financistas inescrupulosos y los dejó a medias, como la carretera de la Costa Sur, del escándalo Odebrecht. La historia de rezagos trae una larga cola de nombres de delfines voraces, allegados sinvergüenzas y politiquerías prepago. Para colmo de males, la adjudicación de proyectos en este gobierno sigue en cámara lenta.
Pero, atisbando un horizonte más allá de esas distorsiones y sus altísimos costos de oportunidad, surgen propuestas como la de la Agencia Nacional de Inversiones, que plantea una lista de proyectos de gran importancia estratégica. La propuesta es responder, mediante adjudicación pública transparente o alianza públicoprivada (APP), a necesidades acumuladas en transporte, conectividad, energía, saneamiento y logística. Esta visión traza un gana-gana que puede atraer inversión privada, local o extranjera, a la vez que se rompen inamovilidades y se emprenden obras estratégicas, con transparencia, calidad y términos claros.
Y es justo en este punto donde salta a la vista la necesidad de la consolidación de la certeza jurídica e institucional como un factor crítico para trazar proyectos de trascendental importancia histórica, económica y estratégica. Hasta ahora ha sido como un puente demasiado frágil, similar a uno de hamaca, en lugar de ofrecer solidez y confianza. Hasta hace unos años, el pretexto eran los vacíos legales, pero ahora que ya existe una Ley de Infraestructura, que ha creado entidades oficiales para la priorización y ejecución de proyectos, no hay excusas.
La necesidad crítica de emprender proyectos no debe confundirse con descuido o discrecionalidad en la adjudicación, pues ese ha sido el pretexto que erigió auténticos fiascos como el libramiento de Chimaltenango o las carreteras inconclusas en el occidente del país, a menudo con fuertes pero estériles adelantos de pago. Es tan importante la calidad de un proyecto como su solidez legal desde el contrato mismo, las fianzas por incumplimiento y la supervisión independiente.
La propuesta del reciente Inversión Summit destaca una decena de proyectos viales, energéticos y de productividad que puede formar parte de una hoja de ruta en un momento crítico. Guatemala ha visto consolidarse su importancia geoestratégica, pero requiere de mejoras en la provisión de locomoción, electricidad y soluciones para la movilización de bienes y mercancías. El listado pone en foco áreas donde hay una brecha de infraestructura que exige decisiones que se mantengan más allá de un período de gobierno. Lamentablemente, la Dirección de Infraestructura Prioritaria aún no sale de su laberinto, pero es tiempo de que la actual administración gubernamental aclare las prioridades para brindar certeza a quien termina pagando los caminos rotos: el pueblo de Guatemala.