El inicio de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada, que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a su círculo familiar por presunto lavado de activos, ha sufrido varios incidentes que impiden la instalación de la audiencia de esta causa que estaba prevista que arranque este 5 de agosto de 2026.
La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio cambió de fechas en dos ocasiones, tras la convocatoria inicial que hizo el juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) declaró el cierre de la instrucción fiscal el pasado 30 de junio.
La primera convocatoria que hizo el juez García a la audiencia preparatoria de juicio fue para el 16 y 17 de julio, sin embargo, estas fechas quedaron sin efecto por la recusación que presentaron los abogados de Alvarez, Ramiro García y Estefany Alvear, el 10 de julio. El magistrado de esta causa aceptó el pedido de diferimiento de los abogados del alcalde y convocó a la audiencia para el 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto.
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La demanda de recusación fue rechazada el 31 de julio por el juez José Sebastián Cornejo Aguiar, por lo que Jairo García se ratificó como juez de Goleada.
El 3 de agosto, en cambio, día en la que debía instalarse la audiencia y continuar durante el resto de la semana, el proceso sufrió otro revés. La diligencia no pudo instalarse por un pedido que hizo el abogado de Aquiles Alvarez, Julio César Cueva, quien argumentó que para el 3 y 4 de agosto estaba convocada la audiencia de juzgamiento por el caso Grillete, que terminó con la sentencia a tres años de cárcel en contra del alcalde.
Una vez más, el juez García dio paso a la solicitud y difirió la audiencia para el 5, 6 y 7 de agosto.
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Este miércoles, 5 de agosto, una vez más, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio no pudo instalarse debido a la inasistencia del abogado Eduardo León Micheli, defensa de Andrés Viteri Henriques, primo de Aquiles Alvarez.
El juez de esta causa declaró fallida la diligencia e impuso una multa de dos salarios básicos unificados ($ 964) al abogado de Viteri. Además, el magistrado dejó sin efecto la convocatoria de las audiencias para el jueves 6 y viernes 7 de agosto. García anunció que volverá a fijar otras fechas para la audiencia.
En la audiencia de este miércoles, el fiscal Dennis Villavicencio observó la ausencia de Micheli y argumentó que la audiencia procesalmente no se puede realizar sin la presencia de los abogados particulares de los procesados. El representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió al juez García que se imponga la multa respectiva.
Para las próximas diligencias, el magistrado de esta causa dispuso que la defensora pública Paulina Carvajal asuma la defensa de cualquiera de los procesados que no tenga un abogado para evitar nuevas dilaciones.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el representante de la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio en contra de los investigados, los cuales también expondrán sus argumentos de defensa.
En el caso Goleada existen 26 investigados por el delito de lavado de activos, entre ellos el alcalde Aquiles Alvarez; sus hermanos Xavier y Antonio; su madre, Gioconda Henriques; su esposa, Fiorella Icaza; sus primos Andrés y Fernando Viteri; el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez y su hermano Gabriel Chávez.
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La Fiscalía acusa a Aquiles Alvarez y a su familia de conformar una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
A la vez, por esta causa, los hermanos de Aquiles Alvarez, Antonio y Xavier, así como los procesados Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez tienen una orden de prisión preventiva, luego de que el pasado 6 de julio, el juez Jairo García acogió el pedio de la Fiscalía y cambió las medidas cautelares que tenían estos investigados. Sin embargo, hasta el momento ellos, con excepción del alcalde de Guayaquil que permanece en la Cárcel del Encuentro, no han sido detenidos, pese a una orden del magistrado a la Policía Judicial para que proceda con su inmediata localización y captura.
El caso Goleada se inició el pasado 10 de febrero, tras dos meses de investigación por una denuncia de un cooperador eficaz José Cevallos Avellán, ahora testigo protegido. Ese día, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en Guayas en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Como parte de esta intervención, la vivienda de Aquiles Alvarez fue allanada y se constató que no tenía el grillete electrónico que debía portar como parte de las medidas cautelares en el caso Triple A.
Un día después de los allanamientos, el 11 de febrero, el juez Jairo García ordenó la prisión preventiva para cinco procesados, entre ellos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez, presentación periódica y prohibición de salida del país para otros cinco y arresto domiciliario para uno más.
El 12 de febrero, el alcalde fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde estuvo hasta el 9 de marzo, fecha en la que fue trasladado, por razones de seguridad, hacia la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, donde permanece actualmente.
Los hermanos del alcalde salieron en libertad el 2 de abril, luego que un tribunal levantó la medida para Aquiles, Xavier y Antonio, pero el alcalde permaneció detenido debido a una orden de prisión preventiva por el caso Triple A.
Luego, el 27 de marzo, la Fiscalía vinculó al proceso a Raúl Chávez, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y amigo de Alvarez y el juez dispuso la prisión preventiva, sin embargo, el legislador dijo que se defenderá en libertad y se desconoce su paradero.
En tanto, el 30 de mayo, tras una nueva audiencia de vinculación, el juez García dictó las siguientes medidas cautelares: presentación periódica en el consulado de Miami, en Estados Unidos, para la madre del alcalde, Geoconda Henriques; prohibición de salida del país y presentación periódica para su esposa, Fiorella Icaza, y su excontadora Éricka Vélez; y prisión preventiva para Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos de Alvarez.
Tras la orden de prisión preventiva, el magistrado dispuso a la Policía Nacional que proceda con la inmediata localización y captura de Andrés y Fernando Viteri; este último tiene la condición de prófugo, declarada por el tribunal del caso Triple A.
Si bien la investigación se inició por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, el 14 de mayo pasado la Fiscalía reformuló cargos por la presunta comisión de lavado de activos.
Tras cambiar los cargos, la institución repasó que el caso se inició a partir de “una denuncia que señaló que un grupo de personas estaría conformando una estructura delictiva que operaría desde 2021, cometiendo, presuntamente, delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo, entre otros, ocasionando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano.
Además de Goleada, el alcalde es procesado en el caso Triple A, en el que se espera la resolución del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. La Fiscalía pidió la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión para los acusados como autores del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
De hecho, en Triple A también se generaron dilaciones parecidas a las que se registran en Goleada con incidentes como certificaciones de hemorroides de uno de los abogados del alcalde, neumonía bacteriana, renuncias de abogados, recusaciones, cambios de tribunal y una inasistencia en plena etapa de defensa, que retardaron el caso durante seis meses antes de que inicie la fase de juicio. (I)