El capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, exdirector nacional de Bomberos de Colombia, se pronunció sobre el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República en su contra por un presunto daño patrimonial estimado inicialmente en $115 millones.
El caso volvió a cobrar relevancia luego de que su nombre comenzara a sonar como una de las posibilidades para regresar a la Dirección Nacional de Bomberos durante un eventual Gobierno de Abelardo De la Espriella.
De acuerdo con información publicada por Semana, Miranda defendió su gestión al frente de la entidad y aseguró que durante el periodo en el que estuvo en el cargo no se presentaron hallazgos fiscales, disciplinarios o penales en su contra.
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El exfuncionario estuvo al frente de la Dirección Nacional de Bomberos entre el 13 de julio de 2013 y el 27 de enero de 2020. Según explicó, los informes de auditoría realizados durante ese periodo no establecieron responsabilidades de ese tipo a su nombre.
Miranda también señaló que las observaciones administrativas que fueron identificadas en relación con el manejo de recursos públicos fueron atendidas mediante un plan de mejoramiento.
El expediente que actualmente analiza la Contraloría está relacionado con un contrato suscrito con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, Edured. Según la publicación, dentro del proceso de responsabilidad fiscal se estableció una “cuantía inicial estimada” de $115 millones como posible detrimento de recursos públicos.
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Frente a este caso, Miranda aseguró que fue citado por el organismo de control para rendir versión libre en calidad de representante legal de la Dirección Nacional de Bomberos. El exdirector sostuvo que durante su administración las cuentas de la entidad fueron revisadas por la Contraloría.
“Las cuentas fueron fenecidas por la Contraloría sin ninguna observación”, afirmó Miranda en el comunicado citado por Semana.
El exdirector también cuestionó el origen de la investigación y aseguró que detrás del proceso podría existir una motivación política relacionada con su gestión y con decisiones adoptadas durante la administración que encabezó.
“Existe una persecución por la anterior administración, teniendo en cuenta que se destaparon grandes escándalos de corrupción que no tienen nada que ver conmigo”, manifestó.
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Germán Andrés Miranda Montenegro llegó a la Dirección Nacional de Bomberos durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Uno de los principales retos de su administración fue avanzar en la implementación de la Ley 1575 de 2012, norma que estableció disposiciones para fortalecer y profesionalizar la actividad bomberil en Colombia.
Durante el acto de presentación de Miranda, Santos destacó la labor histórica de los bomberos en la atención de emergencias y resaltó la importancia de fortalecer la institución para responder ante las diferentes situaciones de riesgo que se presentan en el territorio nacional.
Trayectoria de Miranda
El capitán Miranda es oriundo de Pasto, Nariño, y comenzó su carrera en el cuerpo de bomberos voluntarios de esa ciudad. A lo largo de su trayectoria recibió cerca de 75 distinciones de carácter nacional e internacional, de acuerdo con la información suministrada sobre su perfil profesional.
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En medio de la controversia por el proceso fiscal, el exdirector también presentó documentos relacionados con su trayectoria y los cargos que ha ocupado dentro de los cuerpos de bomberos.
Según Semana, Miranda divulgó el acta de la junta nacional mediante la cual recibió el grado de capitán en 2008. También presentó el decreto firmado por el entonces presidente Juan Manuel Santos mediante el cual fue designado como director nacional de Bomberos.
Ahora, mientras avanza el proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el contrato con Edured, el nombre de Miranda vuelve a aparecer en el escenario político por la posibilidad de que pueda asumir nuevamente la dirección de Bomberos.
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El capitán, por su parte, sostiene que las actuaciones realizadas durante su administración fueron objeto de control y que las observaciones administrativas identificadas fueron atendidas.
La investigación de la Contraloría deberá determinar si existió efectivamente un detrimento patrimonial y, de ser así, establecer las eventuales responsabilidades fiscales correspondientes.