Día uno en el último curso político de la legislatura; o lo que es igual, comienza la cuenta atrás para la batalla final de las elecciones generales. ¿Cuándo serán? Ante la imposibilidad de sacar adelante una moción de censura, solo Pedro Sánchez puede resolver esta pregunta. El presidente mantiene su intención de agotar la legislatura, lo que nos lleva a una ventana entre los meses de junio y agosto (el 22 de agosto de 2027 es la fecha límite que permite la ley electoral).
¿Está en condiciones de hacerlo? Los socialistas consideran que, si se ha conseguido llegar hasta este punto con la actual aritmética parlamentaria, es posible seguir adelante con la hoja de ruta hasta 2027. El líder del Ejecutivo sabe que juega con la ventaja de tener el control del calendario. En este sentido, ha reconocido que podría abrirse a un “adelanto técnico” de las elecciones generales. “Si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día? Ya entramos en un territorio en el que efectivamente puede haber adelantos técnicos o no”, llegó a afirmar en una entrevista para la Cadena Ser.
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Hasta doce territorios irán a las urnas en el mes de mayo, entre ellos Madrid, la Comunidad Valenciana o Baleares. La opción de celebrar un “superdomingo electoral”, que implicaría hacer coincidir las elecciones autonómicas con las generales, ha quedado totalmente descartada. El PNV ha presionado mucho en privado al ala socialista para evitarlo a toda costa, conscientes de que el debate nacional y la polarización —que tanto beneficia a PSOE y PP en España— desplazarían al debate municipal en el que tan bien se desenvuelven los nacionalistas vascos.
Esta fórmula también incomodaba a los propios barones territoriales del PSOE, que no estaban dispuestos a pagar los platos rotos del mal momento del Ejecutivo, desgastado por la propia gobernanza, por los casos de corrupción y ahora por su gestión de la crisis en Ceuta.
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En las federaciones socialistas también preocupa la otra idea sobre la mesa: que Sánchez decida utilizar como escudo a los comicios autonómicos, llevando hasta julio o agosto las generales. Y así lo manifestó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una de las voces del PSOE que han reclamado insistentemente un adelanto electoral de las generales.
En el ámbito de la política local, los candidatos que se presentan a las alcaldías también están preocupados por el riesgo de que la polarización de Madrid contamine su campaña local. “En un pueblo pequeño es distinto porque votas al candidato y los colores de tu partido no importan tanto. Pero cuando compites en una ciudad, la política nacional sí influye porque mucha gente te identifica solo por la marca que representas”, reconoce un cargo socialista consultado por Infobae.
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Sánchez trata de acallar estas voces y remarca que son “voces minoritarias” en el partido. Dicho esto, ha defendido que en 2023 el PSOE sacó “un mejor resultado” en las elecciones generales que en las municipales y autonómicas, “lo que que pone en cuestión algunos de estos argumentos que se utilizan por parte de estos queridos compañeros”.
El Partido Popular evita hacer predicciones sobre el panorama electoral. “Serán cuando a Sánchez le convenga porque todos sabemos que esta legislatura se ha acabado. Todo se va a ir complicando más cada semana que pase. Estamos a bordo del cálculo partidista de un solo hombre, Pedro Sánchez”, afirmó este lunes el portavoz de los populares Borja Sémper.
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Los populares se mantienen optimistas independientemente de la fecha elegida, al menos, mientras sonrían las encuestas. El último barómetro elaborado por Sigma Dos para El Mundo estimó que las sumas de las derechas, PP y Vox, conseguirían hasta 210 diputados; muy superior a los 211 que cosecharía, según el mismo estudio, el bloque del Gobierno (añadiendo a Podemos llegaría a 212).
PP y Vox seguirán con su hoja de ruta de oposición total, bloqueando cualquier iniciativa del Gobierno de coalición en el Congreso. Y en paralelo, estirarán el desgaste de la crisis de Ceuta alentando a las movilizaciones ciudadanas por la tardía respuesta del Ejecutivo y su poca contundencia contra Marruecos, a quien acusan de promover “la invasión”. Los socialistas son conscientes de la capacidad movilizadora que implica recurrir a este término.
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La Federación Española de Municipios y Provincias ha programado esta semana varias movilizaciones en “defensa de Ceuta”, a las que se sumarán los territorios donde gobierna el PP y la propia ciudad autónoma —donde el popular Juan Jesús Vivas gobierna desde hace 25 años—. Y en contra de las órdenes de Ferraz, algunos alcaldes socialistas, como José Antonio Diez en León, también participarán en movilizaciones, aunque en este caso en una marcha convocada por una asociación civil.
La crisis en Ceuta enturbia el calendario de la remontada que diseñó Moncloa para la vuelta del verano, con compromisos importantes como el decreto de vivienda o los presupuestos en juego. El presidente del Gobierno retrasó la presentación de las cuentas públicas a la espera de que se resolviese la guerra en Irán. El enquistamiento de la crisis migratoria, que el Gobierno pretende resolver en 15 días, también podría desplazar este debate, que el PSOE planeaba utilizar como programa electoral de cara a las urnas.
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