El precio de referencia de la gasolina corriente en Colombia llegó a $15.886 por galón en las 13 principales ciudades, mientras el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) vuelve a presionar las cuentas públicas en un momento en que el Gobierno evalúa cómo recortar esa carga sin trasladar un impacto mayor a la inflación, el transporte y el gasto de los hogares.
La tensión fiscal no es menor: el Plan Financiero actualizado proyecta para 2027 un déficit de 9,4% del Producto Interno Bruto y una deuda neta equivalente a 66,2% del PIB, por encima de lo previsto antes en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. En ese entorno, el costo de sostener la diferencia entre el precio local de los combustibles y la referencia internacional gana peso dentro del ajuste pendiente.
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Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el precio promedio del Acpm se ubicó en $11.320 por galón. La brecha frente a la gasolina corriente fue de $4.566.
El Fepc busca amortiguar las variaciones de las cotizaciones internacionales para que no se reflejen de forma completa e inmediata en el valor que pagan los consumidores en el mercado colombiano.
Cuando la referencia internacional supera el valor reconocido a productores e importadores dentro del país, el fondo cubre esa diferencia. Si esa brecha se mantiene, la obligación fiscal del Estado aumenta.
Cerrar esa distancia alivia la presión sobre las finanzas públicas, pero exige aumentos graduales en los precios internos. Esa decisión puede encarecer el transporte de pasajeros y mercancías, y también añadir presión inflacionaria en actividades dependientes del transporte terrestre.
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El margen del Ejecutivo se estrecha además por otras obligaciones de gasto: salud, pensiones, subsidios de energía y gas, servicio de la deuda y compromisos que no habían sido reconocidos de forma completa. Ese conjunto condiciona el ajuste necesario para volver a la senda de la regla fiscal.
Las diferencias entre ciudades obedecen a la distancia frente a las plantas de abastecimiento, los costos logísticos y los regímenes tributarios aplicados en cada territorio.
Villavicencio tuvo el mayor precio de referencia para la gasolina corriente, con $16.431 por galón. Después aparecieron Cali, con $16.339, y Bogotá, con $16.331.
En el extremo opuesto, Pasto registró el valor más bajo, con $13.920 por galón. Le siguió Cúcuta, con $14.281.
En el caso del Acpm, Cali encabezó la lista con $11.763 por galón. Villavicencio marcó $11.716 y Pereira $11.703, mientras Cúcuta presentó el menor valor, con $9.486, y Pasto llegó a $10.529.
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Desde el 29 de agosto, el ingreso al productor fijado para la gasolina corriente se ubicó en $10.839,73 por galón. Para el Acpm, ese componente fue de $6.192,15 por galón.
La mezcla de gasolina también incorpora un ingreso de $10.320,80 por galón para el alcohol carburante. En el diésel, el valor de referencia del biocombustible alcanzó $19.329,28 por galón antes de sumar los demás rubros.
El precio final incluye transporte por poliductos, márgenes de distribución, impuesto nacional, impuesto al carbono, sobretasa, impuesto al valor agregado y cobros asociados a la marcación, la expansión de redes y la continuidad del abastecimiento nacional. Por eso, el valor publicado en cada ciudad no depende solo del ingreso al productor ni de los movimientos internacionales del petróleo.
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El Ministerio de Hacienda sostuvo que la proyección de déficit de 9,4% para 2027 no es una meta de política, sino una estimación de lo que ocurriría si no se toman medidas. El cálculo incorpora menores ingresos tributarios, la ejecución observada durante 2026 y gastos que no estaban reconocidos en su totalidad.
El Gobierno prevé llevar al Congreso una Ley de Ajuste Fiscal centrada principalmente en la racionalización del gasto. La meta oficial es reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales del PIB, de modo que el desequilibrio total baje de 9,4% a 7,2% en 2027.
Aun en ese escenario, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que el resultado seguiría siendo “muy elevado” y no permitiría recuperar la regla fiscal desde 2028. Según planteó, el ajuste deberá mantenerse durante varios años.
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La evolución de las referencias internacionales, las decisiones sobre los precios internos de la gasolina y el Acpm y el alcance de las medidas fiscales determinarán la presión futura del Fepc sobre las finanzas públicas.