La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 16 de julio al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La red que encabezaba —según la fiscal Ernestina Godoy— introducía gasolina y diésel desde Texas declarando apenas el 10% del volumen real transportado en carros tanque de ferrocarril, con lo que habría causado un daño al fisco de más de 4,000 millones de pesos entre enero y julio de 2025.
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La investigación, desarrollada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, identificó lo que Godoy describió como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
Además de Ruffo Appel, la operación incluyó a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, detenido el mismo día en la colonia Zona Playitas de Ensenada.
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Así era el modus operandi de la red de huachicol de Ernesto Ruffo
El esquema arrancaba en refinerías de Texas, donde la red adquiría gasolina y diésel. Al cruzar la frontera hacia México por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa —todas en Tamaulipas— las empresas vinculadas presentaban pedimentos con volúmenes muy por debajo de la realidad.
La fiscal Godoy precisó en un mensaje dirigido a medios que cada carro tanque tiene capacidad para hasta 110,000 litros, pero la red reportaba alrededor de 10,000. Eso equivale a declarar solo el 10% de la carga real. El resto ingresaba al país sin ningún registro fiscal ni aduanero.
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La estructura de la red tenía su origen en una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel. Con el tiempo, esa firma amplió sus operaciones hacia la importación de derivados del petróleo, actividad bajo la cual se desarrolló el esquema de contrabando.
Para que el mecanismo funcionara, la red contaba con la participación de agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso sin revisión. Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se encuentran operadores logísticos y servidores públicos del sistema aduanero. La investigación se sustenta en dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis científico de la información, según subrayó la fiscal.
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La investigación documentó 4,238 operaciones de importación en ese periodo de seis meses. En el caso del diésel, los volúmenes reales introducidos superaron en más de diez veces lo autorizado. Para la gasolina regular, la diferencia fue de más de tres veces y media por encima del permiso.
Una vez en territorio nacional, el hidrocarburo viajaba en carros tanque de ferrocarril hasta puntos de descarga conocidos como espuelas ferroviarias. Ahí, sin contar con los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el producto era transferido a pipas y tractocamiones de siete empresas distintas.
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Esas empresas se encargaban de la distribución posterior. El combustible llegaba principalmente a Coahuila, Durango y Zacatecas. Las autoridades localizaron decenas de carros tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí durante la primera acción operativa, que generó una afectación de 32,808,000 pesos para la organización.
El punto de partida de toda la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, en un operativo donde participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas.
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En total, la investigación determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades. La red utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales. Las acciones se ejecutaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
La operación logística tenía su espejo en una arquitectura financiera diseñada para ocultar el origen de los recursos. Una empresa central recibía los ingresos y los canalizaba hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales, en un esquema que la FGR calificó con “indicios de triangulación de recursos”.
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El análisis detectó movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. De manera paralela, se registraron operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares.
Las cuentas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, con saldos mínimos. Ese comportamiento es el sello de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen del dinero y de sus beneficiarios finales.
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La reconstrucción del entramado requirió el cruce de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa en distintas jurisdicciones. Como resultado del primer bloque de investigación, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión.
Al cierre del 16 de julio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido aseguradas.
La fiscal Godoy subrayó que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre. “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”, dijo al cierre de su mensaje.
El daño estimado por evasión de IEPS asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. Sumado el IVA no pagado —18 millones 289 mil 304 pesos—, el perjuicio total a la hacienda pública por esos dos impuestos llega a 106 millones 800 mil 821 pesos. Las investigaciones ampliadas entre enero y julio de 2025 elevaron la estimación global a más de 4,000 millones de pesos.
El PAN afirmó que la detención de Ernesto Ruffo "es algo orquestado por el gobierno de la 4T como distractor". Crédito: X/@JorgeRoHe
La detención del exgobernador de Baja California generó reacciones inmediatas en el espectro político. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de “orquestar” un hecho para desviar la atención del escándalo que enfrenta la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, quien enfrenta señalamientos por unos audios que la exhiben negociando con autoridades de Estados Unidos para evitar un proceso legal en ese país.
Romero afirmó en un video en redes sociales que confía en que Ruffo Appel “aclarará los señalamientos”, pero remató: “No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención”. El partido exigió que el mismo criterio se aplique contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra Del Pilar Ávila, quienes, sostuvo, enfrentan “graves señalamientos públicos” sin que las autoridades hayan actuado.
El nuevo partido Somos MX fue más lejos: calificó la detención de “atropello” y exigió la liberación de Ruffo Appel, a quien describe como consejero consultivo de esa organización. Argumentó que Ingemar está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía, y que el exgobernador había explicado “detalladamente ante las autoridades y ante los medios” lo que consideró acusaciones “irracionales e inconsistentes”.
Desde Morena, el senador Javier Corral —exgobernador de Chihuahua y excompañero de Ruffo en el PAN— tomó distancia de la narrativa de su partido y escribió en X: “Me sorprende enormemente la detención de Ernesto Ruffo, de quien —discrepancias aparte— siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”.
Corral admitió desconocer la investigación y pidió que se expliquen los elementos que sustentan la detención, aunque aclaró que confía en que el Ministerio Público federal “ha hecho valer pruebas contundentes”.