La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) existe para velar por un mercado financiero sano, estable y confiable para todos sus participantes. Fue ella la que intervino Sartor y la que designó a su liquidador. Por eso desconcierta su respuesta cuando requerimos las valorizaciones de los activos: dicen que no las conocen.
Esas valorizaciones no son un dato menor. Encargadas a PwC y a Deloitte, y pagadas con nuestros propios fondos, son las que determinan cuánto podrá recuperar cada uno de nosotros. De ellas depende el futuro de cientos de aportantes, en su mayoría ciudadanos comunes, jubilados que pusimos allí el ahorro de toda una vida. Que el regulador manifieste que no las tiene en su poder es difícil de aceptar. Que no las haya exigido cuando las solicitamos, siendo su tarea cuidarnos, es lo que no logramos explicarnos.
Las hemos pedido una y otra vez, por todas las vías posibles: a la CMF, al Consejo para la Transparencia y al liquidador, Toesca AGF. Con cada requerimiento, hemos recibido de respuesta un portazo. Luego nos indicaron que los antecedentes son confidenciales, en virtud de un acuerdo entre el liquidador y las auditoras. Pero esa misma información sí está en manos de las administradoras de fondos y de sus auditores. Si la tienen todos ellos, ¿por qué los únicos que no podemos conocerlas somos precisamente los dueños del dinero? Hasta hoy nadie nos ha exhibido siquiera el documento que respalda ese supuesto acuerdo de confidencialidad. Y, mientras tanto, se habla en público de montos que serían irrecuperables. ¿Cómo lo aceptamos, si ni siquiera nos dejan ver las cifras?
A esto se suma el hecho de que presentamos ante el Consejo para la Transparencia un amparo por acceso a la información para conocer las valorizaciones. El Consejo lo admitió a tramitación, pero terminó rechazándolo por una razón tan simple como desconcertante: la CMF declaró no contar con esa información. Ni siquiera el organismo que existe para garantizar el acceso al mercado pudo entregárnosla, porque el propio regulador que intervino el fondo dice no tenerla. Y ahí la pregunta es obvia: si fue la misma CMF la que designó al liquidador que encargó esas valorizaciones, ¿por qué no las tiene?
Hay algo que nos duele especialmente, porque tiene que ver con una noción básica de justicia. El 15 de noviembre de 2024, la CMF suspendió los aportes a Sartor, pero no los rescates. Esa ventana quedó abierta hasta el 6 de diciembre. En esas semanas, quienes pidieron su dinero a través de la bolsa lo recuperaron. Los menos avezados en este tipo de operaciones, lo solicitamos directamente a Sartor, y por esa vía el trámite tardaba días: el tiempo justo que nos dejó sin acceso a nuestros fondos. No fue el azar el que decidió quién recuperaba y quién no, sino saber, o no saber por qué puerta salir. Y detrás de todo lo anterior, un vacío del regulador, que debió haber suspendido aportes y rescates al mismo tiempo.
Tampoco la relación con Toesca AGF nos ha dado tranquilidad. Las reuniones han sido pocas y estrictamente técnicas: preguntas que hay que entregar por escrito, respuestas medidas, casi ningún espacio para entender de verdad qué ocurre con nuestro patrimonio. Y algo difícil de tolerar: son nuestros propios fondos los que siguen pagando las comisiones, los auditores y los abogados de la administradora, sin que nosotros tengamos voz ni información sobre esas decisiones.
Lo hemos dicho y lo repetimos: no somos un expediente ni una cifra en un proceso. Somos víctimas que tienen derecho a saber. Pedimos al Poder Judicial y el Congreso hagan su trabajo y que este caso deje una lección concreta: que el sistema se modifique legalmente, que se nos permita recuperar el fruto de una vida de esfuerzo y que ningún otro chileno tenga que vivir el secretismo y la total falta de transparencia que estamos padeciendo.
Por Andrea Pastorino, aportante de Sartor
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