EDITORIAL
Nadie está pidiendo privilegios ni impunidades para periodistas o comunicadores sociales, pero sí la necesaria objetividad y profesionalismo.
Resulta llamativo y despierta suspicacias el uso de fuerza policial, que involucró a unas dos autopatrullas, policías uniformados en motocicleta e incluso uno de civil, en contra de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, del medio informativo Vox Populi. Fueron señalados, por agentes, de presunta falta al orden público y de negarse a identificarse, la noche del 1 de septiembre, cerca del parque Jocotenango.
Resulta llamativo, pues en el perímetro capitalino ocurren sucesos delictivos como asaltos y disparos, sin que haya una sola patrulla en las proximidades. Pero en este caso, la ubicuidad resultó pasmosa. Apenas la noche del 31 de agosto circuló un video del robo de una motocicleta en el Anillo Periférico, en el cual, con total tranquilidad, dos presuntos delincuentes cometieron, no una falta, sino un delito flagrante, que quedó evidenciado en su más plena impunidad. El mismo 1 de septiembre, un asalto armado causó la muerte de una mujer en un bus de la ruta 63. En los atascos del Periférico han proliferado atracos, y no aparece ninguna patrulla. Pero para el operativo contra Figueroa y Del Cid hubo suficiente personal.
El parte policial señala varias situaciones, incluyendo supuestas agresiones verbales contra los agentes. El juez dejó libre a Figueroa, aunque lo ligó a juicio por faltas. La Policía Nacional Civil se apresuró a emitir un comunicado para señalar a los reporteros de supuestas transgresiones al orden público, con énfasis en aseverar que la acción no tiene relación con su labor periodística. Sí, tal como se afirmó y se sigue repitiendo en el caso del periodista Jose Rubén Zamora, quien pasó encarcelado mil días sin que se le presentara acusación y sin que se le venciera en juicio, pues el único que enfrentó fue anulado.
La libre emisión del pensamiento y el ejercicio periodístico son los derechos fundamentales de la defensa de la democracia. Las críticas y señalamientos contra funcionarios, diputados, políticos, jueces, proveedores del Estado y financistas electorales usualmente causan desagrado e intentos por acallarlas. Basta ver el reciente caso del presidente del medio República, Rodrigo Arenas, quien denunció amenazas de muerte en su contra por denunciar narcofinanciamiento. El periodista jutiapaneco Milton Orellana desapareció el 7 de febrero del 2025 y aún se desconoce su paradero. La Red Rompe el Miedo informó que en 2026 ha ocurrido una agresión contra periodistas cada tres días. Así que no hay lugar para pifias ni para torpezas mediante las cuales se intente disfrazar represalias de otra cosa.
No es desconocido que estos reporteros han investigado a financistas y allegados de ciertos diputados, incluyendo a algunos que tuvieron nexo directo con la PNC. En efecto, la mañana del 1 de septiembre, Figueroa y Del Cid increparon a ciertos congresistas por usar placas cubiertas o no portar: una falta múltiple, reincidente y flagrante a la que ningún agente policial ni autoridad alguna pone atención.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) da seguimiento al caso, mientras que la PNC instruyó a su Inspectoría General para que revise el procedimiento efectuado, para determinar si hubo extralimitaciones. Es necesario aclarar que nadie está pidiendo privilegios ni impunidades para periodistas o comunicadores sociales, pero sí la necesaria objetividad y profesionalismo, así como la debida priorización de recursos policiales para las zonas con mayor incidencia, no de faltas, sino de delitos.
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