Un año antes de ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) acusado de ocultar material audiovisual sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, buscó un acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El video del momento ha sido reinterpretado en plataformas digitales en medio del proceso penal contra el exgobernador, debido a la negativa de la presidenta por ser asociada con él: “Mándele un saludo, pero dígale que no. No recibo regalos de ellos”, externó, al tiempo que regresaba a una mujer una bolsa de papel decorada con papel de color rosa.
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Aquel gesto en Xochistlahuaca representó un acierto para la presidenta Sheinbaum ante simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación.
Más tarde, al ser cuestionada por reporteros, la presidenta endureció sus palabras y cuestionó las intenciones de Aguirre Rivero: “¿Por qué me manda un regalo un exgobernador? O sea, ¿qué significa? Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo. No tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador”, respondió.
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A un año de distancia, el video resurge y es analizado desde una óptica diferente tras declaraciones de Ernestina Godoy, fiscal General de la República.
En una transmisión, la funcionaria afirma que Ángel Aguirre instruyó en una reunión de alto nivel eliminar toda la evidencia relacionada con los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia en Iguala la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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“El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, subraya Godoy para justificar la detención de Aguirre.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exgobernador fue capturado en Tepotzotlán, Estado de México. La tarde del jueves, fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en la misma entidad, donde un juez determinará su situación legal durante el proceso.
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En 2023, en entrevista para El Sol de Chilpancingo, Aguirre Rivero abordó la desaparición de los 43 normalistas y las versiones de una investigación en su contra.
Afirmó que contactó a Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para saber su situación jurídica: “Le digo: ‘quiero que sepas que cualquier cosa, aquí estoy (en Acapulco) y de aquí me voy a Costa Chica. Yo no me voy a esconder’”. El exgobernador subrayó que desde 2014 se había preparado para afrontar “cualquier cosa con entereza”.
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Ángel Aguirre Rivero construyó su carrera política dentro del PRI de las décadas de 1980 y 1990, donde ocupó cargos estratégicos antes de convertirse en gobernador de Guerrero en dos ocasiones. Su trayectoria quedó marcada por episodios de violencia política, señalamientos sobre el uso del poder y, años después, por el caso Ayotzinapa.
Originario de Ometepec, en la región de la Costa Chica, inició su ascenso como secretario particular y posteriormente secretario de Gobierno del entonces gobernador Alejandro Cervantes Delgado entre 1981 y 1987. Más tarde colaboró con José Francisco Ruiz Massieu como secretario de Desarrollo Económico y coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica. Entre 1993 y 1996 presidió el PRI estatal.
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En 1996 asumió la gubernatura de Guerrero de manera interina tras la licencia de Rubén Figueroa Alcocer, quien dejó el cargo después de la masacre de Aguas Blancas.
Durante esos años, dirigentes de oposición lo señalaron como una de las figuras con mayor influencia política en la Costa Chica. El entonces dirigente perredista Tomás Molina declaró a La Jornada que Aguirre “quitaba y ponía presidentes municipales”.
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Por su parte, Eloy Cisneros Guillén lo acusó de haber tenido “mucho que ver” en el desalojo del Palacio Municipal de Ometepec en 1990, operativo que dejó muertos, desaparecidos y decenas de personas lesionadas, según distintas fuentes.
En 2011 regresó al gobierno de Guerrero como candidato de una alianza encabezada por el PRD. Su administración enfrentó una escalada de violencia y concluyó anticipadamente en octubre de 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
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Más de una década después, la Fiscalía General de la República lo señala por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los normalistas, una investigación que volvió a colocar al exmandatario en el centro del caso.
Su entorno también enfrentó investigaciones por presuntas irregularidades financieras. En 2015, su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero fue detenido dentro de una indagatoria por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con más de 287 millones de pesos, mientras las autoridades revisaban movimientos financieros y contratos vinculados con empresas.
La nueva investigación de la FGR reactivó el escrutinio sobre la trayectoria política de Aguirre Rivero, cuya carrera quedó ligada tanto a conflictos históricos en Guerrero como a uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.