Madrid, 14 ago (EFE).- La ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 2030 ha vuelto a poner de actualidad el debate sobre el cierre de las plantas atómicas en España, donde todavía quedan activos siete reactores nucleares, que, si se cumple el plan del Ejecutivo, deberán dejar de funcionar definitivamente en 2035.
La decisión del Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, ha provocado el inmediato rechazo de los socios minoritarios del Gobierno, que a través del ministro de Cultura y portavoz de Comuns, Ernest Urtasun, mostraban su desacuerdo y lo calificaban como "un error estratégico que rompe el calendario de cierre acordado".
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"El PSOE incumple el acuerdo de gobierno con Sumar", añadía Urtasun, al tiempo que alertaba de que alargar la vida de las nucleares "envía un mensaje equivocado en plena transición energética" porque "frena el despliegue de las renovables".
Por su parte, el sector eléctrico, a través del Foro Nuclear y las propietarias de la instalación (Iberdrola, Endesa y Naturgy), ha celebrado la decisión del Gobierno de prorrogar por tres años la planta nuclear cacereña y ha abogado por utilizar este nuevo horizonte para abordar, "con sosiego y rigor", el futuro de esta energía.
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Los propietarios recuerdan que la continuidad de Almaraz se encuentra en sintonía con la línea estratégica marcada por la Unión Europea, que apuesta por el mantenimiento de las centrales en funcionamiento para garantizar su seguridad y autonomía energética con una fuente "firme y síncrona" como es la nuclear.
También se han mostrado satisfechos los responsables de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (Amac).
Más contundentes han sido las reacciones de PP y Vox. Los primeros consideran que la decisión del Gobierno es "insuficiente" y un mero "parche", con el que reconocen el fracaso de su política energética, al tiempo que exigen la cancelación urgente del calendario de cierres de todas las centrales de España.
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El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado una "gran noticia" la "rectificación" del Gobierno sobre la central nuclear de Almaraz y ha defendido que la energía nuclear "es imprescindible para evitar nuevos apagones".
Los de Santiago Abascal también quieren que el resto de centrales nucleares en España tengan la posibilidad de ampliar su actividad como Almaraz y atribuyen la decisión del Gobierno de este viernes a la presión que VOX ha ejercido con sus inciativas en el Congreso y en los parlamentos autonómico.
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Por el contrario, las organizaciones ecologistas han criticado la prórroga concedida a Almaraz, al considerar que rompe el calendario de cierre pactado en 2019 y supone un retroceso en los compromisos climáticos y energéticos.
Greenpeace, en concreto, ha expresado su "rechazo e indignación" y ha acusado al Gobierno de ceder ante la presión de las eléctricas, al considerar que la decisión responde al "interés económico" de las compañías y no "a criterios de seguridad técnica ni de abaratamiento de la factura" eléctrica.
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En una línea parecida se ha movido Podemos, que calificaba de "auténtica vergüenza" la decisión del Gobierno y a través de su secretario de Organización, Pablo Fernández, afirmaba: "¿Nucleares? ¡No, gracias!".
En España hay actualmente cinco nucleares en explotación con siete reactores en funcionamiento: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II y Vandellos II (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara), que en conjunto producen un 20 % de la electricidad nacional.
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En 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contemplaba la clausura gradual del parque nuclear entre 2027 y 2035.
El calendario era: Almaraz I en noviembre del 2027 y Almaraz II, octubre del 2028; Ascó I, octubre del 2030; Cofrentes, noviembre del 2030; Ascó II, septiembre del 2032; Vandellòs II, febrero del 2035, y Trillo, mayo del 2035.
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