El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que su formación prepara una proposición de ley orgánica para que España pueda retirar la nacionalidad a extranjeros nacionalizados que cometan delitos graves, como asesinatos, violaciones, abusos sexuales, terrorismo o hechos vinculados a bandas criminales.
El líder del PP presentó la iniciativa en Madrid y sostuvo que la ciudadanía implica un “acto de confianza” entre el Estado y quien la adquiere. La futura norma, según adelantó, regularía la concesión, el mantenimiento y la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen.
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El partido aún no ha registrado el texto ni ha definido qué condenas activarían el procedimiento, qué plazos existirían, qué institución resolvería cada expediente o si se exigiría que el afectado tuviera una segunda nacionalidad. Esas condiciones son centrales en los sistemas de Francia, Reino Unido y Alemania, donde ya hay mecanismos de privación de ciudadanía, aunque no responden a un modelo único.
La legislación francesa permite retirar la nacionalidad a quienes la adquirieron por naturalización y tienen otra ciudadanía. El requisito busca impedir que la persona quede en situación de apatridia.
El Código Civil francés limita esta medida a un listado de conductas, entre ellas los delitos contra los intereses fundamentales del Estado y los actos de terrorismo. Por tanto, no basta con cualquier condena penal, incluso si se trata de un delito grave.
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El procedimiento se inicia por vía administrativa y concluye mediante decreto del Gobierno. Antes, el Consejo de Estado debe emitir un dictamen conforme. El afectado tiene derecho a ser informado, formular alegaciones y recurrir la decisión ante los tribunales administrativos.
La ley también establece plazos. En los casos de terrorismo, los hechos deben haberse cometido antes de obtener la nacionalidad francesa o dentro de los 15 años posteriores. El decreto de retirada debe dictarse dentro de los 15 años siguientes a los hechos. Para el resto de las infracciones incluidas en la ley, los dos plazos se reducen a 10 años.
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Francia retiró la ciudadanía en 2015 a cinco hombres con doble nacionalidad, cuatro marroquíes y un turco, que habían sido condenados por asociación de malhechores con fines terroristas. El Consejo de Estado francés confirmó los decretos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló el sistema en 2020. La corte destacó que los afectados mantenían otra nacionalidad y que la pérdida de ciudadanía no conllevaba por sí sola su expulsión del país.
El modelo británico ofrece un margen más amplio al Gobierno. La Ley de Nacionalidad Británica de 1981 permite que el ministro del Interior retire la ciudadanía cuando considere que la decisión resulta “conducente al bien público”.
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La guía vigente del Ministerio del Interior incluye en ese concepto la seguridad nacional, el terrorismo, las actividades de Estados hostiles, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la delincuencia organizada grave.
En materia de crimen organizado, el documento menciona delitos violentos o sexuales, trata de personas, facilitación de inmigración irregular, blanqueo de capitales, delitos financieros graves, tráfico organizado de drogas y explotación sexual infantil. La relación no es cerrada, ya que cada expediente debe resolverse de forma individual, según la conducta y la amenaza que, a juicio de la administración, represente para Reino Unido.
La decisión corresponde personalmente al ministro del Interior. El Gobierno debe comunicarla por escrito, exponer las razones e informar del derecho a recurrir. Las apelaciones se tramitan ante el Tribunal de Primera Instancia de Inmigración y Asilo o, si hay cuestiones de seguridad nacional, ante la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración.
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La regla general prohíbe que la retirada deje a la persona sin nacionalidad. Sin embargo, la ley permite una excepción para casos de conducta gravemente perjudicial para los intereses vitales británicos, si hay motivos razonables para creer que el afectado puede obtener la ciudadanía de otro país. Reino Unido también puede retirar la nacionalidad si fue obtenida mediante fraude, falsedad u ocultación de datos relevantes.
La regulación alemana es más reducida. La Ley de Nacionalidad establece la pérdida de la ciudadanía alemana para una persona mayor de edad que conserve otra nacionalidad y participe voluntariamente en acciones concretas de combate de una organización terrorista en el extranjero. La autoridad debe comprobar que se cumplen esos requisitos, pero no adopta una privación discrecional como la que corresponde al Gobierno francés o al ministro del Interior británico.
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La medida se incorporó en 2019 y no tiene carácter retroactivo. Solo puede aplicarse por hechos cometidos desde el 9 de agosto de ese año. Tampoco se aplica si deja a la persona afectada en situación de apatridia.
La norma no prevé la pérdida de la ciudadanía por una condena penal común, aunque sea por asesinato, violación o agresión sexual. Tampoco alcanza a quienes solo expresen apoyo ideológico, financien a un grupo o mantengan una vinculación periférica. El supuesto exige participación efectiva en acciones de combate.
El ordenamiento alemán contempla además la pérdida de nacionalidad cuando una persona entra voluntariamente en las Fuerzas Armadas de otro Estado sin la autorización exigida. También permite anular una naturalización lograda mediante engaño, amenazas, sobornos o datos falsos determinantes. En este último caso, la retirada debe acordarse dentro de los 10 años posteriores a la naturalización.
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En España, el Código Civil no contempla la pérdida de nacionalidad por delitos cometidos después de adquirirla y la Constitución impide privar de ella a los españoles de origen.
Para quienes obtuvieron la ciudadanía por naturalización, la ley prevé la pérdida si usan durante tres años la nacionalidad a la que renunciaron o si entran voluntariamente al servicio de las armas o ejercen un cargo político en otro Estado contra una prohibición expresa del Gobierno. Además, una sentencia firme puede anular la adquisición de la nacionalidad si hubo fraude. La iniciativa de Feijóo incorporaría una causa nueva, cuyo alcance dependerá de su futuro texto.
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