Un joven de 26 años, que había sido denunciado por su ex pareja por ejercer sobre ella distintos tipos de violencia durante la relación, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Salta. La Justicia lo halló culpable de abuso sexual, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia de una orden judicial.
La decisión la tomó este martes el juez Martín Pérez durante una audiencia en el Distrito Centro de Salta. El magistrado declaró al acusado penalmente responsable de los delitos mencionados e indicó que la pena impuesta es de cumplimiento efectivo.
PUBLICIDAD
El caso llegó a juicio a partir de la denuncia de la víctima, una mujer con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y tiene una hija en común. Ella describió una convivencia marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y sexual. Según su relato, el hombre llegó a amenazarla con armas, además de humillarla y someterla constantemente, de acuerdo con su relato.
Según informó el Ministerio Público Fiscal la provincia, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke llevó adelante la acusación durante el juicio oral. En la primera etapa del proceso celebrada el lunes con el objetivo de definir la pena, la fiscal argumentó en base a las pruebas producidas durante el debate y solicitó que el condenado recibiera 11 años de prisión. En dicha instancia Pérez emitió el veredicto de culpabilidad y fijó para el día siguiente la audiencia de cesura.
PUBLICIDAD
De esta manera, el martes se llevó a cabo la segunda etapa y, tras un cuarto intermedio, el juez fijó la condena en ocho años y seis meses, una pena menor a la requerida por la fiscalía pero que el tribunal consideró proporcional a los hechos probados. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la inscripción del sujeto en el Banco de Datos Genéticos donde se almacenan la información biológica de personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los delitos sexuales.
Por otro lado, el magistrado revocó el arresto domiciliario que le había sido concedido al acusado durante el proceso. En su reemplazo, dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía General, desde donde será derivado a la Unidad Carcelaria 1 de la provincia para cumplir la condena.
PUBLICIDAD
La autopsia practicada este martes sobre el cuerpo de José Eduardo “Jota” Figueroa determinó que murió por asfixia por ahorcamiento, lo que refuerza la hipótesis de suicidio. Lo hallaron el lunes por la tarde en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que compartía con el condenado en el barrio privado El Tipal. Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada.
Figueroa fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron su muerte, alrededor de las 19 horas del lunes. Los peritos establecieron que los surcos en el cuello del interno fueron producidos por una soga fabricada con vendas.
PUBLICIDAD
A pesar del resultado forense, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene abierta la investigación. El protocolo impuesto por el procurador Pedro García Castiella al inicio de su gestión establece que todo aparente suicidio dentro de una cárcel debe investigarse bajo los mismos estándares que un posible homicidio.
El fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras diligencias desde el penal y convocó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Según informó El Tribuno, se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y la toma de testimonios. Con el asesinato descartado por los forenses, la pesquisa apunta ahora a determinar si existió algún tipo de negligencia en la custodia del recluso.
PUBLICIDAD
Figueroa había sido condenado el 30 de agosto de 2025 por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La sentencia, dictada por unanimidad, aún no estaba firme dado que la defensa había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para cuestionar tanto la calificación del crimen como el agravante de violencia de género.