El abogado constitucionalista recalcó que el expresidente aún no tiene una sentencia en segunda instancia y eso le impide recibir algún recurso que le permita salir de prisión.

Joseph Campos, abogado constitucionalista, manifestó este lunes que "técnicamente" no debe recibir un indulto el expresidente Pedro Castillo ni tampoco un derecho de gracia. 

Según el letrado, para que el exmandatario reciba el indulto, debería tener una sentencia firme en segunda instancia, algo que no ha ocurrido porque su defensa legal apeló el fallo que lo mantiene en prisión desde diciembre del 2022. Además, también explicó por qué no aplica el derecho de gracia a Castillo Terrones.

"La Constitución previene un plazo de duración de la instrucción. Esencialmente, la gracia está inspirada, no por razones humanitarias, sino porque hay una investigación excesivamente larga y él ya está sentenciado. De tal manera que el plazo constitucional previsto no se cumple", señaló en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Campos recordó que, si bien el expresidente está en prisión por su intento de golpe de Estado, el caso más importante que afronta es el de Puente Tarata y este proceso, según señaló el abogado, no ha avanzado.

Por otro lado, Campos consideró que lo mejor que le pasó a Pedro Castillo es estar preso porque ahora ha tenido una trascendencia en el último proceso electoral que incluso le permitió apoyar la candidatura de Roberto Sánchez. 

"Aquello que él ha usado hábilmente es el proceso penal para construir una imagen de victimización que le ha servido hasta para endosar a un personaje (Roberto Sánchez) que me sorprende dada la situación que tenía con respecto al proceso del propio Pedro Castillo: se abstuvo de votar (en la vacancia), lamentó el golpe de Estado", comentó.

Informe de la ONU no es vinculante

Para Joseph Campos, el reciente informe de la ONU que ha recomendado la liberación del exmandatario nace de una comisión de derechos humanos que fue desactivada en el 2006 por acusaciones de politización. En ese sentido, aseveró que este grupo que hizo el documento solo hace "opiniones políticas" que no tienen carácter vinculante en la justicia peruana. 

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