El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lideró un Consejo de Seguridad en Valledupar, Cesar, la noche del jueves 27 de agosto de 2026 para atender la situación de orden público en municipios del departamento por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Ante la grave situación de orden público registrada en Pelaya y otros municipios del Cesar, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar junto a la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales”, explicó Presidencia en su cuenta de X.
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Según información oficial, la reunión estuvo orientada a “evaluar el panorama de seguridad, intensificar las operaciones en la zona y adoptar las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, salvaguardar la integridad de policías y soldados, y recuperar el control pleno del territorio”.
Y agregó: “El Gobierno Nacional ratifica que las organizaciones criminales no intimidarán al Estado ni doblegarán a la Fuerza Pública en su misión de garantizar el orden y la tranquilidad del país”.
Durante la reunión, el gobernante de los colombianos ordenó reforzar la ofensiva militar y policial contra el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Cesar, tras el ataque con drones que dejó cuatro militares heridos en Pelaya.
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Conforme a los reportes preliminares del Ejército, los guerrilleros iniciaron la ofensiva con ráfagas de fusil y luego usaron explosivos lanzados desde drones. La modalidad de ataque generó temor entre los habitantes de la zona rural, que evalúan permanecer en sus viviendas o buscar refugio en veredas vecinas para alejarse del foco del conflicto.
El presidente De la Espriella reactivó las extradiciones de cinco negociadores vinculados a disidencias de las Farc, Los Pachenca y el ELN, y al mismo tiempo endureció su mensaje a los grupos armados, advirtiendo que “se acabaron los salvoconductos”. Una decisión que se presenta como un quiebre frente a la política de Paz Total y como parte de un nuevo enfoque de seguridad, justicia y cooperación con Estados Unidos.
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Tres de los señalados están bajo custodia de las autoridades colombianas y dos permanecen prófugos. Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, serán extraditados cuando se concrete su captura, mientras que Willington Enao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, quedaron con la decisión en firme.
De acuerdo con el mensaje presidencial, la nueva postura marca distancia con la Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. El primer mandatario afirmó que esa política “fracasó en su propósito fundamental” porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin aportes verificables ni resultados concretos para la paz.
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Esa es la respuesta central que fijó la Casa de Nariño sobre el cambio de rumbo: las suspensiones de extradición no seguirán vigentes para quienes no acrediten avances reales hacia la desmovilización o el sometimiento. Según De la Espriella, el nuevo modelo prioriza la legalidad, la autoridad y una cooperación internacional fortalecida, en especial con Estados Unidos.
La solicitud de extradición, precisó el abogado, proviene de autoridades judiciales estadounidenses por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos, porte de armas, concierto para delinquir y narcoterrorismo. Tras revisar cada expediente con la oficina del consejero comisionado de paz, agregó, no se encontraron elementos que permitieran sostener beneficios.
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La justificación oficial quedó resumida en otra frase del jefe de Estado: “No encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”.