“Fueron hallados 30 cadáveres en Pilar”, titulaba uno de los matutinos de mayor circulación del país bajo una volanta que señalaba: “Repudio del gobierno”. Como era habitual bajo la rígida censura de prensa instaurada por la dictadura, la información que se desarrollaba en una de las páginas interiores se limitaba a reproducir, palabras más o menos, el comunicado oficial del Ministerio del Interior, a cargo del general Albano Harguindeguy. El parte decía que la mañana del viernes 20 de agosto de 1976 “se habían encontrado” restos humanos correspondientes a treinta personas, que “habían sido dinamitados” en el partido de Pilar, al norte bonaerense, a apenas 1.500 metros de un camino de tierra a la altura del kilómetro 64 de la ruta 8. También aseguraba que el gobierno —como a sí misma se llamaba la dictadura— repudiaba “terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior”.

Ninguna de las crónicas publicadas el sábado 21 contaba lo que los pocos curiosos que se atrevieron a acercarse la tarde anterior al descampado ubicado cerca del barrio Fátima, en el municipio de Pilar, pudieron entrever a la distancia. Era una escena macabra: en medio de un gran despliegue de policías, un grupo de personas de civil cargaba cadáveres en los típicos camiones de obras públicas. No pudieron ver mucho más, porque el cerco policial los mantuvo a distancia y no eran tiempos de andar exigiendo que se respetara el derecho a la libre circulación.

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Nadie que transcribiera el comunicado podía creer en la versión de que algún grupo guerrillero, como se sostenía allí, hubiera sido responsable del “vandálico episodio”. Sin embargo, en los cinco meses que llevaba la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, en las redacciones no se chequeaban los partes surgidos de oficinas de la Casa Rosada. Para cualquier ciudadano mínimamente avisado, el relato oficial tampoco tenía el más mínimo asidero, porque ese tipo de ejecuciones masivas no existía —ni había existido nunca— en las prácticas de las ya diezmadas organizaciones guerrilleras; en cambio, tenía todas las características de las masacres típicas de los grupos parapoliciales del terrorismo de Estado.

Con el correr de los días, se amplió un poco la información. Se supo entonces que se trataba de los restos de veinte hombres y diez mujeres, todos con orificios de bala y la gran mayoría con las manos atadas por la espalda con cuerdas. Por entonces, solo cinco de las víctimas fueron identificadas, las otras 25 fueron llevadas al Cementerio de Derqui —el más cercano al lugar— y enterradas como NN.

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Solo después de terminada la dictadura, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se pudo identificar a la mayoría —no a todos— de los asesinados en lo que hoy se conoce como la Masacre de Fátima. En una tarea que todavía no está terminada —valiéndose de restos óseos y cotejándolos con muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos— lograron sumar otros veinte nombres a los cinco que se conocieron desde un primer momento. Los veinticinco identificados son Inés Nocetti, Roberto Olivestre, Ramón Vélez, Enrique Agio, Ángel Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Comas, Oscar Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Argenten, Carlos Pargas, Ricardo Herrera, José Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, Ernesto Saravia, Norma Frontini, Selma Ocampo, Horacio García Gastelú, Marta Spagnoli de Vera y Juan Carlos Vera. El último en recuperar su identidad fue Oscar Ledesma, en mayo de 2019.

Lo que realmente ocurrió en el descampado de Fátima es muy diferente a la versión oficial que dio la dictadura. Las víctimas, en realidad, habían sido sacadas la madrugada de ese viernes del tercer piso del edificio de la Superintendencia de Seguridad (SSF) de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, pleno centro porteño, en la manzana contigua de donde hasta hoy funciona la sede central de esa fuerza de seguridad. Allí habían montado un centro clandestino de detención donde los integrantes del Grupo de Tareas 2 (GT-2) de la Federal torturaban, mataban o, como aquel viernes de agosto, sacaban a prisioneros —algunos de ellos ya asesinados— y terminaban con sus vidas en otros lugares. Esa vez, los asesinos eligieron ese descampado de Pilar.

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La primera reconstrucción de los hechos pudo hacerse poco después de la recuperación de la democracia, en el marco del trabajo que realizaba la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) creada por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, cuando algunos sobrevivientes de las mazmorras del GT-2 que habían estado detenidos desaparecidos junto con las víctimas de Fátima se presentaron para ofrecer sus testimonios. El 6 de abril de 1984, algunos integrantes de la Comisión recorrieron la sede de Moreno 1417 junto a los sobrevivientes Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, quienes fueron una pieza clave para esclarecer lo que había sucedido en la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto de 1976.

En efecto, ese matrimonio había compartido su estadía con Daniel Hopen, sociólogo y exdirigente del PRT-ERP, quien les relató detalles que no pudo contar nunca porque Hopen no recuperó la libertad y es un detenido desaparecido. Ellos confirmaron que los veinte hombres y las diez mujeres que fueron dinamitados a las 4.30 del 20 de agosto estaban en Moreno 1417.

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A eso se sumó la declaración del ex cabo primero de la Federal Armando Víctor Luchina, quien reconoció haber sido parte del operativo. Luchina dijo que estaba presente cuando uno de los oficiales a cargo “contó hasta treinta”, en referencia a la cantidad de personas subidas a un camión que estaba en el playón del edificio. “Algunos estaban envueltos en frazadas”, en referencia a que los vejámenes y torturas los habían dejado inconscientes o muertos. Brindó también los nombres de quienes estaban a cargo: los oficiales Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Timarchi. En su declaración ante la Conadep, el suboficial confirmó lo que se se suponía desde el primer momento: que la masacre era “una represalia” por el atentado realizado por un comando montonero el mediodía del 2 de julio de aquel 1976 en el comedor del edificio de Moreno 1417 que costó la vida de 23 policías.

Otros testimonios recibidos por la Conadep revelaron que la Masacre de Fátima no fue el único hecho de venganza perpetrado con los desaparecidos en las entrañas de la sede de la jefatura de la Federal. Varios sobrevivientes contaron que unos cincuenta miembros de Montoneros detenidos ilegalmente fueron asesinados entre el 3 y el 7 de julio, “como respuesta” al atentado realizado por esa organización.

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Entre los ejecutores de la masacre señalados por el cabo primero Luchina resaltó el nombre del oficial Carlos Gallone, porque había sido protagonista de un episodio ocurrido un año antes de la recuperación de la democracia. En octubre de 1982 la dictadura estaba en franca retirada, pero pretendía seguir manteniendo su ya desgastada imagen. El jueves 5, cuando los organismos de Derechos Humanos se aprestaban a ingresar a la Plaza de Mayo en la Marcha por la Vida, la Policía Federal intentó impedirlo. Uno de los uniformados —alto, de físico intimidante— puso el cuerpo delante de las Madres y cuando una de ellas, Susana Leguía, lo increpó, el policía la atrajo hacia su pecho para neutralizarla.

Los reporteros gráficos Marcelo Ranea, de la agencia DyN, y Jorge Sánchez, de la estatal Télam, dispararon sus cámaras y tomaron varias fotos de la escena. Una de ellas, tomada por Ranea, fue portada de uno de los diarios del día siguiente, que la ancló con el título “Pacífica concentración en el centro”. Las tomas de Sánchez nunca fueron publicadas. En ese momento, prácticamente a las puertas de la recuperación de la democracia con las elecciones del 30 de ese mismo mes, la escena fue mostrada como un “abrazo” que simbolizaba la “reconciliación de los argentinos”. Eso hizo que la imagen fuera reproducida por muchos medios del exterior. “La fotografía tuvo inmediata trascendencia mediática y se utilizó para sostener una supuesta política de reconciliación entre las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas represivas que, en los hechos, jamás existió”, escribió en un análisis la investigadora fotográfica Cora Gamarnik.

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La verdad era muy diferente a la que se trataba de instalar con esa lectura idílica de la imagen. Se veía claramente en una de las fotos tomadas por Sánchez, que la dictadura impidió publicar. En la captura del reportero gráfico de Télam, además del supuesto “abrazo” se veía como otra Madre, Nora Cortiñas, increpaba al policía que trataba de impedirles el paso. Recién el año pasado, Sánchez la compartió con un texto que decía: “Esta imagen la comparto hoy después que fue censurada en aquel mismo día por el presidente de la agencia Télam, el coronel (Rafael) De Piano cuando, detrás de su escritorio, sin mediar diálogo se escuchó con voz de mando: ‘Esto de acá no tiene que salir publicado por su bien y retírese’”. Sánchez fue secuestrado dos días después y fue sometido a intimidaciones, maltratos físicos y verbales hasta que lo liberaron horas más tarde.

Lo que nadie sabía el día de esa marcha —ni las dos Madres de Plaza de Mayo ni los fotógrafos— era que el protagonista del falso abrazo a la Madre Susana Leguía era uno de los perpetradores de la Masacre de Fátima. La declaración de Luchina fue, en ese sentido, una revelación.

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En julio de 2008, tras un juicio de primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a los comisarios Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole por los homicidios de las treinta víctimas de Pilar. Lapuyule era el director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en tanto que Gallone era el jefe de la Brigada de la SSF. A su vez, el TOF 5 absolvió al comisario Miguel Timarchi, “por insuficiencia de pruebas”. Esa decisión produjo consternación entre los familiares de las víctimas ya que había datos suficientes como para confirmar que Timarchi estaba en el playón donde subieron a las víctimas en la madrugada del 20 de agosto. El propio suboficial Luchina lo había advertido a la Conadep en 1984.

En cuanto a Albano Harguindeguy, pese a su rol central en la dictadura, logró sortear todas las acusaciones públicas sobre su rol en la represión clandestina. En Paraná se abrió una causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros”. Aunque algunos de los acusados en ese expediente fueron condenados el 27 de diciembre de 2012, el ex ministro del Interior de la dictadura no llegó a escuchar la sentencia. Murió el 29 de octubre de ese año.

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Carlos Gallone, el policía de la foto, murió por Covid en mayo de 2021 cuando cumplía prisión domiciliaria debido a una insuficiencia respiratoria. El 22 de agosto de 2022, al cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre de Fátima, se señalizó como Sitio de la Memoria el lugar donde 46 años antes, un grupo de tareas del Estado terrorista se cobró la vida de treinta detenidos desaparecidos en un criminal acto de venganza.

Desclasificado hace pocos años, el cable secreto IN019953 de la Agencia Central de Inteligencia enviado desde Buenos Aires a Washington pocos días después de los hechos no dejaba dudas sobre quiénes habían perpetrado la Masacre de Fátima. Estaba titulado “Responsabilidad de la Policía Federal por asesinar a las treinta personas cuyos cuerpos aparecieron el 20 de agosto de 1976” y en su texto señalaba que “los niveles operativos de la Policía Federal Argentina fueron responsables de matar a los treinta individuos tanto en represalia por el asesinato del general Actis como a modo de advertencia a la izquierda extremista para que no participe en otros actos de violencia durante el periodo del 22 de agosto”, aniversario de los fusilamientos de Trelew.

El telegrama también informaba que el dictador Jorge Rafael Videla se había enojado por el daño que el episodio hacía a la imagen del país: “La objeción de Videla no se refiere a que las 30 personas, que supuestamente estaban involucradas con los montoneros, fueran asesinadas, sino a la aparición pública de los cuerpos”. Y agregaba: “Videla está de acuerdo en que se debería matar a los subversivos, pero que el asunto en su conjunto se tendría que manejar discretamente”.